No es una burla esporádica. Tampoco es un juego divertido ni mucho menos «cosas de niños», frase que, por suerte, ya empieza a quedarse atrás. Los casos de acoso en las escuelas siguen siendo una realidad y, de hecho, aumentan: casi uno de cada 10 alumnos reconoce haber sufrido en algún momento bullying, según el informe estatal sobre la convivencia, aunque organizaciones como NACE (No al Acoso Escolar) avisan de que los datos son mayores.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se celebra el próximo jueves, la comunidad educativa pide más recursos y mayor implicación de toda la sociedad para frenar este tipo de actitudes, que no siempre acaba en denuncias.

Algunos sindicatos creen que en ocasiones los colegios resuelven los expedientes de forma «poco transparente» para no dañar la reputación del centro, si bien desde la Unidad Central de Policía de Participación Ciudadana se indica que el grado de sensibilización e implicación es mayor que hace años porque «saben que tienen responsabilidades y que si no actúan puede haber consecuencias».

En este sentido, desde la Federación de Enseñanza de CCOO se percibe que en la escuela pública «hay más transparencia». 

No obstante, el secretario general de la Federación de Sindicatos FSIE, que representa a los centros concertados, Jesús Pueyo, deja claro que los protocolos que siguen «son los marcados por los organismos oficiales de Educación de las distintas comunidades, implementados en sus planes para la mejora de la convivencia».

Pero... ¿cómo actúan?

Una vez que el colegio percibe que puede haber acoso escolar, la dirección abre expediente y reúne de forma independiente a las partes para profundizar en el tema. En algunas regiones existen baremos sobre la intensidad del bullying, que obligan a elevar el caso a la inspección educativa, aunque el propio centro, los docentes y las familias tienen línea directa con la Policía.

La responsable de CEAPA, Leticia Cardenal, confederación de padres y madres de la escuela pública, señala que aunque cada centro tiene su autonomía, la recomendación es crear una comisión de convivencia. «Y no todos los centros la forman», recalca tras lamentar que en ocasiones se tarda en intervenir y al final la solución es la misma: «que la víctima cambie de centro».

Desde la Unidad Central de Policía Ciudadana explican que llevan su plan para la convivencia a todos los colegios sean públicos, privados o concertados, y, posteriormente, son los centros los que deciden llamarles para impartir charlas o alertarles de casos.

«Actuar frente al acoso está ahora mejor visto», recalca la policía nacional Vanessa Gil, mientras su compañero Abraham Bedmar indica que atrás quedó la frase de hace años: «son cosas de niños».