Si hay algo que tratan de evitar a toda costa en los juzgados de violencia contra la mujer es la revictimización de las maltratadas. Por eso intentan agilizar al máximo el proceso y tener especial cuidado a la hora de tomar testimonios para que no tenga que revivir una y otra vez todos los episodios traumáticos. Pero hay veces que las circunstancias lo convierten en imposible. Ya hace unos cuantos años que los órganos judiciales burgaleses han alertado del colapso que existe en la redacción de informes de valoración psicosocial, pieza muchas veces fundamental en un asunto de este tipo. En su última memoria, la Fiscalía ha advertido de que el retraso es cada vez mayor, lo que va en detrimento de quienes sufren el maltrato. Lo peor es que los asuntos se disparan y el Ministerio no pone remedio.
El problema que hay en Burgos es que la llamada Unidad de Valoración Integral de Violencia sobre la Mujer no está adscrita de manera exclusiva al juzgado especializado en esta materia. Los equipos psicosociales tienen que elaborar informes para el resto de los órganos de instrucción y también para Familia e Incapacidades. Jurisdicciones que, por cierto, también están muy saturadas por la importancia capital que tienen este tipo de pruebas. ¿Cuál es el resultado? El colapso.
El Ministerio Público destaca el atasco en la memoria de 2023 presentada ayer coincidiendo con la apertura del año judicial. Según recoge la fiscal delegada en Burgos, a la circunstancia de que los equipos psicosociales tengan que elaborar informes tanto para casos de violencia de género como para asuntos de familia, se une el hecho de que cada vez hay mayor número de exploraciones a menores y también se practican más pruebas testificales preconstituidas.
Burgos tiene el peor tiempo medio de emisión de dictámenes, que alcanzan los diez meses. Es tal el retraso, advierte la Fiscalía, que en ocasiones se plantean «renunciar a sus informes útiles a los efectos de la acusación». Y explican esta decisión porque, en contraposición, «implican una victimización secundaria de las denunciantes y perjudicados». Dicho de otro modo, la dilación afecta sobremanera a las mujeres que han tenido que soportar episodios violentos, lo que incrementa el daño moral.
Cada vez más casos. Si el Ministerio de Justicia no solventa el problema asignando a Burgos al menos otro equipo psicosocial, la tendencia es que el atasco sea cada vez mayor. Y es que los juzgados burgaleses soportan cada vez más asuntos relacionados con violencia de género, según los datos de la memoria de la Fiscalía. En 2023 se abrieron un 22% más de diligencias urgentes y previas, superando las 1.300 y alcanzando el récord histórico. La mayoría de estos procedimientos fueron por maltrato ocasional y habitual.
Hay una cuestión que preocupa considerablemente al Ministerio Público y es el espectacular incremento de los quebrantamientos de medidas cautelares impuestas a los maltratadores. En cuestión de dos años se ha triplicado y ya es la segunda infracción penal más habitual. El pasado ejercicio se contabilizaron un total de 186, 45 más que en 2022. Éstas no sólo se producen porque un condenado por violencia rompa una orden de alejamiento y vaya a ver a su mujer. Cada vez son más numerosos los episodios en los que el infractor utiliza medios telemáticos o las redes sociales para comunicarse con sus exparejas.