Los vecinos de Villamayor de los Montes expresaban esta semana su malestar por la falta de inversión de la Junta y del arzobispado en su iglesia. Las goteras se han acentuado y en los días de lluvia se han visto obligados a escuchar la misa con el sonido del agua cayendo sobre los cubos. Incluso en alguna ocasión se ha llegado a cerrar por culpa de las inundaciones. Ya se encuentran en plena fase de recogida de firmas y en breve se entregarán a ambas instituciones para mostrar su enfado. Eso sí, parece que hay buenas intenciones por las partes responsables y que la actuación se considera una prioridad.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte expone que ha suscrito un convenio de colaboración con las diferentes Diócesis con el objetivo de mejorar la gestión de los bienes del patrimonio cultural que son propiedad de la iglesia y en este proceso se ha solicitado un listado de actuaciones prioritarias para 2023 en la provincia. Según informan, el arzobispado de Burgos ha incluido varias intervenciones y entre ellas se encuentra la de la iglesia de Villamayor de los Montes. Así, desde la Junta avanzan a Diario de Burgos que «se aportará financiación para las actuaciones que finalmente decida acometer la Diócesis en 2023-2024».
El arzobispado, por su parte, explica a este periódico que se encuentra en «trámites de negociación» para tratar de encontrar una solución lo antes posible y para ello se hablará el tema con todas las partes implicadas, que incluyen a la Junta, a los vecinos y al Ayuntamiento. Por ahora se prefiere no dar más detalles sobre este tema, aunque parece que hay intención de lograr el dinero suficiente para acometer las obras. De esta forma, las necesidades que reclaman desde Villamayor se conocen perfectamente y a la vista de lo que argumenta cada una de las partes existe interés para mejorar el templo. Habrá que ver a qué acuerdo se llega para resolver este problema.
Desde la Junta también insisten en que la normativa de Patrimonio Cultural establece que los propietarios y demás titulares de derechos sobre los bienes están obligados a «conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente» para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Además, la administración regional expone que se ocupará de las estrategias, criterios de intervención, programas y líneas de acción encaminadas a la «protección y difusión del mismo».
Cualquier nueva intervención que se lleve a cabo se determinará en el marco de colaboración vigente en esta materia entre la Junta de Castilla y León y las Diócesis. Así, desde la administración regional aclaran que para ello se atenderá a las prioridades existentes en todo el ámbito de la Comunidad, a las necesidades técnicas, en función de las disponibilidades presupuestarias, asegurando la corresponsabilidad de todos los agentes implicados y priorizando los bienes declarados de interés cultural.
Los vecinos reconocían que cuando se hizo el proyecto su valor ascendía a los 30.000 euros, una cuantía que seguramente habrá incrementado debido a que las goteras han empeorado y que el coste de los materiales se ha disparado. La iglesia de San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta está declarada como BIC al encontrarse pegada al monasterio cisterciense de Santa María la Real, que tiene dicha catalogación. Sin embargo, desde el pueblo no se ha podido actuar -a pesar de que durante años llevan desarrollando iniciativas para recaudar dinero- y amenazaran en su escrito con renunciar al BIC para reparar por fin la cubierta accediendo a otras ayudas como las que ofrece la Diputación con el denominado convenio de las goteras. El consejo parroquial expone que en mayo de 2019 se aprobó el proyecto por parte de la Junta y todavía no han recibido noticias.