En los últimos meses, los máximos responsables de la Sociedad de Aguas, tanto políticos como técnicos, no se han cansado de justificar la subida de la tasa del 9,5% para este 2024 (aún pendiente de aplicar) en la necesidad urgente de acometer inversiones para que el agua de Burgos «siga siendo la mejor de España y una de las mejores del mundo». Sin embargo, la tarea que se han impuesto en la empresa municipal para cumplir con lo que se ha prometido a los ciudadanos no será sencilla a juzgar por los resultados pasados y por lo ajustado de los plazos para cumplir con los objetivos marcados.
En los menos de diez meses que restan de este 2024, Aguas deberá licitar más de una treintena de actuaciones valoradas en 22,5 millones?(en una estimación prudente) para poder cumplir con la promesa de ejecutar este ejercicio los 14,3 millones reservados para inversiones en su Presupuesto y en los que se ha justificado, en gran medida, el polémico 'tasazo'.
Cabe recordar que la Sociedad municipal solo logró ejecutar el año pasado alrededor de un millón de euros de las inversiones previstas y eso que en 2023 se puede interpretar que ya eran igual de urgentes que para este 2024. Ese dinero ya gastado, por cierto, se fue a obras para la prestación del servicio en los municipios del Alfoz y no para la infraestructura de la capital.
Los números pasados no invitan al optimismo, aunque parece que no será muy complicado mejorarlos. Eso sí, está por ver si tanto como para multiplicar por catorce los resultados en inversión. De momento, el presidente de Aguas, Fernando Martínez-Acitores, sigue creyendo que es posible cumplir con lo que le prometieron desde la cúpula técnica cuando se insistía en la que la subida de la tasa debía ser inminente y de al menos ese 9,5% en 2024.
De todas las inversiones, la más cara de todas es la que contempla la «renovación de la infraestructura hidráulica en los puntos críticos del sistema». Aquí se prevé gastar algo más de dos millones de euros, si bien se desconoce el importe de la licitación. Se entiende que se sacará a concurso por fases, ya que el coste total asciende a 9 millones.
En el caso de la instalación de «cuantificación de alivios» sí parece que se podría licitar por tres millones de euros pese a que este año solo se contempla ejecutar 1,5 millones (el 50%). Básicamente porque «actualmente es inexistente» y porque la normativa lo exige.
La prioridad, en cualquier caso, parece que ya no es tanto el criterio de urgencia en el arreglo de las infraestructuras, tal y como se había defendido antes, como el hecho de que se han logrado ocho millones de euros de fondos europeos que hay que gestionar sin descanso para que no se pierdan. Unos recursos que se pueden incrementar con la segunda convocatoria de los PERTE, con la que se aspira a lograr una cantidad muy similar.
En el caso de los fondos europeos, las inversiones previstas están más dirigidas a la digitalización del servicio que a la mejora de las actuales instalaciones.