La Inspección de Consumo del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía efectuó más de 300 actuaciones en el último año y medio con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores y usuarios. Fruto de esta labor, realizada en negocios de la capital y la provincia, se han abierto 32 expedientes sancionadores motivados, entre otras cuestiones, por aspectos relacionados con la publicidad falsa o engañosa, la carencia o la negativa a entregar hojas de reclamaciones o el incumplimiento del régimen de garantía, según la información facilitada por la Delegación de la Junta.
La labor inspectora de este departamento abarca comercios pertenecientes a distintos subsectores que van desde el equipamiento de la persona (textil, calzado o artículos de marroquinería) hasta muebles, equipamiento del hogar, productos de limpieza, perfumería, juguetes, alimentación o accesorios para vehículos, así como aquellos artículos relacionados con la telefonía móvil. Parte de las intervenciones desarrolladas responden a las que se encuentran programadas dentro Plan de vigilancia y control oficial de Castilla y León en materia de consumo, mientras que otras vienen motivadas por acciones específicas o denuncias.
Las acciones planificadas abarcar distintos campos. Por un lado, figuran aquellas que son de «carácter básico y permanente» y que se llevan a cabo mediante una vigilancia sistemática del mercado, habiéndose contabilizado 146 durante el ejercicio 2023 y hasta el pasado mes de julio. A estas se suman otras 77 fruto de campañas puntuales, ya sean de ámbito autonómico, nacional o europeo, orientadas a «ordenar sectores concretos en un determinado tiempo». Entre ellas figuran las que tienen por objeto el etiquetado de guirnaldas luminosas, los productos comercializados en Navidad, y el control de frutas y hortalizas frescas a granel.
Más a allá de lo estipulado en dicho plan de vigilancia, el Servicio Territorial de Industria y Comercio actúa ante las denuncias o las reclamaciones realizadas por los propios consumidores, bien por una sospecha o por tener conocimiento directo de «hechos susceptibles de constituir incumplimientos de la normativa de consumo». A través de esta vía, la Administración ha realizado en Burgos 95 intervenciones, cerrándose esta labor inspectora con otras dos que responden a «campañas extraordinarias» de vigilancia y control de productos y servicios, que en este caso han tenido que ver con la comercialización de fresas y tomates, siempre según fuentes de la Junta.
Las actuaciones desarrolladas en esta materia ya no incluyen por sistema los periodos 'oficiales' de rebajas, a excepción de que se comunique alguna denuncia al respecto. Estas finalizaron desde que se produjo la liberalización de las fechas de inicio y fin en 2013. A partir de ese momento, tal y como recuerda la Delegación Territorial, cada comercio decide cuándo los comienza y cuándo los finaliza, de tal manera que «ya no se encuentran tan concentrados en el tiempo» ni se ajustan al tradicional arranque el 7 de enero en invierno y el 1 de julio en el de verano. Cuando sí que se efectuaba dicha inspección, uno de los aspectos a vigilar era el etiquetado para que los precios fueran visibles y recogieran el original y el rebajado.