La caja de los truenos en la que se han convertido los movimientos empresariales y económicos de las exclarisas de Belorado no deja de arrojar desagradables sorpresas para la comisión gestora que administra los monasterios tras el cisma en la Iglesia católica. La última podría alcanzar tintes de verdadero escándalo si se confirma que la comunidad liderada por la exabadesa Sor Isabel de la Trinidad ha cobrado durante al menos dos años la pensión de una religiosa que falleció en abril de 2022 sin haber comunicado el error flagrante a la Administración General del Estado.
Este periódico ha tenido conocimiento de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido ya la documentación de esta presunta irregularidad remitida desde la Archidiócesis de Burgos y tendrá que abrir una investigación para esclarecer si las hermanas, hoy excomulgadas, no notificaron la muerte de su compañera, una nonagenaria procedente del monasterio de Derio, y por lo tanto eran plenamente conscientes, al menos quienes tenían acceso a las cuentas, de la ilegalidad que el cobro de esa pensión suponía.
De hecho, el ingreso mensual de este subsidio se sigue recibiendo en la actualidad en una de las cuentas corrientes que gestiona la comisión gestora y cuyos movimientos ha tenido que revisar desde que el arzobispo de Burgos fue nombrado comisario pontificio por el Vaticano, prácticamente sin documentos con los que poder cotejar cargos y abonos. «Desconocemos el estado de las obligaciones laborales fiscales y tributarias, por la contumaz actitud de la Sra. García de Viedma, después de haber pedido información mediante cinco requerimientos», manifestaba la Diócesis en un comunicado de prensa ya en julio.
Lejos de mejorar, la situación se ha enmarañado más, con proveedores llamando a las puertas del Arzobispado para tratar de cobrar facturas pendientes, en algunos casos de muchos años atrás y de gastos difícilmente comprensibles para unas religiosas de vida austera como las clarisas; nóminas, cartas de las entidades bancarias con las que tienen suscritos varios préstamos y requerimientos de la Agencia Tributaria, según han reconocido ambas partes.
Entre los movimientos que llamaron la atención de la comisión gestora estaba un ingreso mensual asociado a un DNI que no constaba como que pudiera corresponderse con ninguna de las 16 religiosas que inicialmente formaban la comunidad. Llegaron a pensar que podía tratarse de una aportación de algún donante amigo de las clarisas, ya que tampoco se trataba de una cantidad excesiva.
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