Una cuestión técnica ha paralizado el desahucio de la joven Lucía Mendoza, cuya historia contamos en estas mismas páginas hace varias semanas. El margen que tiene ahora para encontrar un lugar donde vivir se alarga un poco más, mientras sigue buscando un empleo e insiste en que la empresa propietaria del inmueble pueda ofrecerle un alquiler para permanecer en la misma vivienda con su niño de tres años. El lanzamiento estaba previsto para el pasado día 17, pero la falta de una documentación indispensable para el proceso hizo que se retrasara y que a día de hoy se encuentre sin fecha. La situación de exceso de trabajo por la que pasan los juzgados, además, puede que haga que la expulsión de Lucía y su hijo de su casa tarde aún varios meses. "Yo confío en poder pasar aquí la Navidad", explicó a este periódico.

Mientras tanto, asegura, sigue recibiendo el asesoramiento de los servicios sociales municipales de cara a encontrar un empleo que pueda mejorar su situación económica y haciendo gestiones para incrementar la cuantía que recibe del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este caso no se trata de un lanzamiento por impago de hipoteca o de alquiler sino por el hecho de que Lucía, con su entonces pareja, entró en este piso de manera ilegal y después de pagar 500 euros por la llave a una persona que la había okupado. La vivienda es propiedad de Coral Homes, uno de los principales fondos buitres que opera en España y que ante los reiterados intentos de Lucía de ponerse en contacto con algún responsable para sondear la posibilidad de que se le asigne un alquiler, ha dado la callada por respuesta. "Me dicen que solo hablan con los ayuntamientos", explicaba a la afectada y desde el Consistorio burgalés indicaron que al haber accedido a la casa de forma ilegal no pueden hacer ningún tipo de intervención salvo la que tiene que ver con su situación social.

Coral Homes se anuncia en su web como "propietaria de uno de los mayores porfolios de activos del sector inmobiliario" y con "más de 35.000 inmuebles distribuidos por todo el territorio nacional orientados tanto a particulares que quieran comprar inmuebles para su propio uso, como a profesionales e inversores que busquen oportunidades de negocio", que es el objetivo que parece pretender con la vivienda en la que ahora reside esta joven mujer con su hijo.

La okupación como solución a la falta de vivienda no parece ser un problema en la provincia de Burgos, al menos según los números oficiales que se hacen públicos. La estadística del Ministerio del Interior indica que se conocieron en 2023 un total de 40 hechos de estas características (cuya denominación oficial es allanamiento/usurpación de inmuebles), una cifra que reduce en tres la del año anterior, cuando se produjeron 43, que es el número más alto de la serie histórica que recoge el portal de estadística. Así, en 2021 la Policía Nacional supo de 41 casos y es en ese año cuando se produjo un salto cuantitativo en la comisión de este delito porque en 2020 fueron 28 y en años anteriores nunca se superaron los 30.

Con respecto a las detenciones y las personas investigadas por este delito se registraron 12 en los años 2023, 2022 y 2021; 3 en 2020 y 2019 y 34 en el periodo comprendido entre 2009 y 2018.