En octubre del año 2023, el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, admitió, sin ocultar su preocupación, que algunas multas de la Policía Local estaban prescribiendo. No era algo nuevo ya que este periódico publicó el pasado mandato que cerca de 3.000 sanciones se habían anulado en un año por diferentes motivos (problemas burcocráticos, humanos...), pero sí era la primera vez que públicamente se reconocía por parte del equipo de Gobierno una situación que, por la documentación que recoge el Presupuesto de 2025, sigue sin corregirse.

El informe emitido por el Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería en el que, entre otros aspectos, se explican cómo se han realizado las previsiones de ingresos en las cuentas municipales recoge en uno de sus apartados que «se ha producido un incremento de multas por infracciones de la Ordenanza de Movilidad»  en las que la recaudación ha ido al alza ya que en los últimos años «ha rondado los cinco millones de euros».

Esta situación ha provocado que en el Presupuesto de 2025, que previsiblemente se aprobará de manera definitiva el próximo mes, se eleve la previsión de ingresos (respecto a las cuentas de 2024) de 4 a 4,8 millones de euros.
¿Por qué no se ha presupuestado más si en los últimos años los ingresos han sido superiores? Más allá de los criterios de prudencia, el informe de Tesorería revela que «se ha tenido que hacer un ajuste a la baja, debido a la falta de personal para su tramitación».

Si bien es cierto que el número de sanciones que se anulan o que prescriben es muy pequeño en comparación con el ingente número de expedientes que se tramitan (más de 50.000 al año), también lo es que los años pasan y el problema de personal en la unidad administrativa de la Policía Local no se corrige.

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