Siete alcaldes y exalcaldes de Merindades esperan juicio

A.C. / Medina de Pomar
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El alcalde popular de Villarcayo, Adrián Serna, podría ser apartado 12 años de la política, pero no se sabe cuándo se le juzgará. Benedicto Vadillo, expedáneo de San Martín de Losa, se sentará el martes ante el juez

Benedicto Vadillo, exalcalde de San Martín de Losa, en 2019. El martes volverá a ser juzgado. - Foto: Luis López Araico

La lentitud de la Justicia, a la que el pasado año se sumó la huelga de funcionarios que suspendió la celebración de multitud de vistas, hace que la mayoría de las causas abiertas a alcaldes y exalcaldes de la comarca, algunas desde hace una década, sigan sin ser juzgadas. Siete se sentarán en el banquillo entre este año y el próximo y se enfrentan a la posibilidad de quedar inhabilitados para cargo o empleo público por delitos de prevaricación, malversación, estafa, falsedad o electoral. El caso que mayores consecuencias políticas podría tener es el que pesa sobre el alcalde popular de Villarcayo, Adrián Serna, a quien el fiscal solicita 12 años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación.

En 2017, la exconcejal socialista Lidia Isla y el exalcalde de Ciudadanos, Miguel de Lucio, le denunciaron al poco de llegar a la Alcaldía tras la moción de censura que les había echado. El pago de ayudas municipales a empresas está en el origen del asunto. A las puertas de las pasadas elecciones municipales, en marzo, la Fiscalía enviaba al Juzgado de Villarcayo un escrito de acusación demoledor con una petición de 12 años de inhabilitación para cargo público, por haber firmado el abono de 30.000 euros en subvenciones para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales. Serna basó su decisión, según la Fiscalía, en un borrador de un acta de la última junta de gobierno de diciembre de 2016, celebrada cuando aún era alcalde De Lucio. En el Consistorio le facilitaron el documento en papel.

Pero en el acta definitiva de aquella junta de gobierno enviada al Consistorio por correo electrónico por la exsecretaria el 7 de marzo de 2017, pocos días después de abonarse las ayudas, había desaparecido del documento la aprobación de las subvenciones. Serna siempre ha defendido que quiso materializar los acuerdos de la junta de gobierno, pero el juzgado señala que abonó mayores cantidades de las que las bases de la convocatoria hubieran permitido o incluso ayudas, a las que no se tenía derecho. Serna desconoce aún cuándo será juzgado.

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