Los números cantan y más de 2.000 juicios suspendidos en dos meses de estado de alarma son más que suficientes para amenazar el buen funcionamiento de los tribunales burgaleses en lo que queda de año.  Por mucho que la suspensión de plazos judiciales se levante el 4 de marzo, el segundo semestre del año se presenta «muy negro» en la Administración de Justicia, según pronostica el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Guillermo Plaza.

Los malos presagios tienen que ver con el trabajo atrasado que habrá que sacar adelante y con las nuevas condiciones de seguridad que deberán imponerse en las sedes judiciales para evitar contagios, unas medidas que sin duda repercutirán en una mayor demora de los procedimientos. Sin embargo, Plaza apunta a otro factor que «ya está lastrando y lastrará aún más la actividad judicial». Se trata de la «deslealtad y falta de compromiso de los funcionarios -y sus representantes sindicales- para incorporarse a sus puestos», una circunstancia que «está impidiendo tramitar con agilidad todas las demandas y escritos que están llegando a los juzgados».

El decano de los letrados burgaleses sostiene que «es una vergüenza» que la mayoría de los funcionarios -no los jueces, ni los fiscales ni los letrados de la Administración, pues «éstos están trabajando»- «permanezcan en sus casas sin hacer nada, cuando la sede de Reyes Católicos  tiene espacio suficiente para guardar distancias de seguridad, por no hablar de que ellos no tienen que recibir ni a abogados, ni procuradores ni administrados».

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