El Ayuntamiento ha ganado una batalla judicial contra el Arzobispado de Burgos al lograr que la ermita de San Isidro sea reconocida como propiedad municipal. Así lo dictó ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital ribereña en la que exige la cancelación de la inscripción del templo a nombre de la parroquia San Juan Vera Cruz, que la registró como propia el pasado 10 de enero del año 2013.
Dos meses antes, el pleno aprobó una propuesta presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en la que se comprometían a inscribirse como dueños de las ermitas que constaban como propias en el inventario de bienes del Consistorio. Sin embargo, el Arzobispado se adelantó y el Ayuntamiento se vio obligado a acudir a los tribunales para reclamar la propiedad de la ermita.
Lo hizo el 8 de enero del año pasado, nuevamente tras petición en sesión plenaria de IU. Acción que dio lugar a una audiencia previa el 18 de mayo de 2015 en la que, al no llegarse a ningún acuerdo entre las partes, se fijó el 4 de febrero para celebrar el juicio cuyo resultado ha dado la razón al Consistorio. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, alude a «los documentos examinados por Máximo López, estudioso de la historia de Aranda», para certificar el domino municipal.
Concretamente se mencionan los libros de Obispo Velasco y Don Pedro Sanz Abad sobre los que López publicó un artículo en este periódico en mayo de 2011. En él, tal y como se recoge en el texto judicial, se deja constancia de que «la ermita fue construida a instancia de un corregidor en 1717, Alonso Colmenero, quien se sorprendió que una villa tan agrícola no contara con una ermita al Santo de San Isidro». Además, en dichos documentos se revela que el templo se levantó con ayuda de los devotos, que se estaban constituyendo como cofradía, y que fue otro corregidor, Alonso Isidro Narváez, quien se encargó de la reconstrucción realizada en el siglo XIX con aportaciones privadas.
Datos que prueban la titularidad municipal y a los que se suma el pago del Ayuntamiento de todos los gastos generados por este inmueble. En este sentido se mencionan reparaciones de deficiencias en 1996 y 1998, así como el retejado de 1993, los trabajos en la cubierta de 2003 y las obras de instalación eléctrica en 2010. Desembolso del que sigue haciéndose cargo como sucede con las facturas de la luz en las que aparece como titular del contrato.