«Yo también soy Belén», comenzó su relato una educadora social frente a un centenar de profesionales del sector que se concentraron en la Plaza Mayor para condenar el crimen de hace unos días en Badajoz. Contó una agresión sufrida por una menor a la que atendía. Cómo tuvo que volver a trabajar tras poner la denuncia. El miedo. La baja de tres meses. Y luego el saber que vivió para contarlo, pero sin olvidar que nada ha cambiado. La muerte violenta en Extremadura ha destapado un problema que llevan sufriendo años: la falta de seguridad, la precariedad laboral y el recorte de los recursos. La manifestación sirvió para exigir una mejora sustancial de sus condiciones.
La reivindicación parte de una premisa clara: no se puede criminalizar a los menores, sino evidenciar que el sistema está fallando. «Hemos seguido poniendo denuncias y al día siguiente trabajar con los agresores. Hemos estado solas, pero hemos despertado. No queremos callar. Ya no más», advirtió la educadora social que contó sus historia. Las profesionales expusieron de esta forma una situación que no es nueva y que consideran «límite».
En primer lugar, alertan de la precarización del sector por la privatización y el recorte de los recursos. En este sentido, alertan de unas condiciones abusivas, unos convenios colectivos insuficientes y unos acuerdos firmados sin representación real. De hecho, muchos de los problemas que surgen en pisos tutelados o en residencias parten de la base de que la ratio de atención, que es de seis menores por cada educadora, son completamente insostenibles a día de hoy.
Esto genera una situación de inseguridad que ha desembocado en el peor de los desenlaces en Extremadura. Así, denuncian la inexistencia de protocolos de denuncia y una desprotección total ante las agresiones, ya no sólo de personas menores, pues recuerdan que algunas veces trabajan con gente vulnerable, como drogodependientes, que pueden generar situaciones conflictivas.
Entre otras cosas, exigen un refuerzo de la seguridad con la implantación de protocolos efectivos de prevención y respuesta ante agresiones, un incremento de los profesionales, mayor apoyo psicológico, una revisión en la contratación para evitar el intrusismo laboral y, sobre todo, un reconocimiento y respeto de los derechos de las trabajadoras del sector.