El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que presentó ayer el Gobierno vuelve de nuevo a ahondar en el aislamiento que sufre la provincia de Burgos, especialmente en materia de infraestructuras, desde hace ya unos cuantos años. Las históricas reivindicaciones en carreteras (A-73, A-12 o A-11) no recibirán un espaldarazo económico que haga pensar que desde Madrid se apuesta con ahínco por su conclusión. Tampoco parece que el AVE a Vitoria tenga mucho interés, ya que lo presupuestado para el año que viene no cubre -ni por asomo- el montante que Transportes está dispuesto a pagar para contar con los proyectos.

El único enclave burgalés al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sonreído ha sido Miranda, que verá cómo se continúa con la ampliación de su EDAR con 9,3 millones o se renuevan y modernizan sus talleres de Renfe (1,5 millones).

El Ejecutivo proyecta invertir en la provincia 135 millones de euros, menos que enValladolid (174), León (156) y Palencia (150). La cifra, si bien es cierto es un 25% superior a la de las pasadas cuentas, esconde muchas sorpresas.La más sonrojante es que más de la mitad de ese dinero, alrededor de 74 millones, va a parar a actuaciones previamente comprometidas como lo son el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (19 millones), un nuevo recibo del 'peaje a la sombra' por la A-1 (32 millones) o la conservación de carreteras (23 millones).

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)