Desde que el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la modificación del decreto de 2021 que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, han corrido ríos de tinta entre posturas polarizadas que acaban en confrontación política. El asunto más polémico ha sido el endurecimiento de los requisitos que se exigirán para la puesta en marcha de nuevos centros privados de formación superior, aunque dentro del ámbito académico las opiniones no resultan tan discordantes en los aspectos que atañen a las cuestiones más técnicas.

En marzo de 2011, las Cortes de Castilla y León acordaron la creación de la Universidad Isabel I, con sede en el antiguo Seminario Mayor y que comenzó su labor de enseñanza online en el curso 2012-2013. Su rector desde entonces, Alberto Gómez Barahona, ve los últimos acontecimientos desde la tranquilidad de acumular trece años de experiencia, habiendo superado ya los más de 5.000 alumnos en títulos oficiales y 1.000 en propios, y de que los cambios que traerá consigo serán mínimos porque la institución «cumple» con las futuras exigencias que recoge normativa, que se encuentra en este momento en consulta pública.

El responsable académico no considera que estas modificaciones en sí mismas representen un ataque contra los campus privadas, aunque sí que censura la forma en la que se han comunicado. «La presentación ha sido desafortunada», subraya en relación a distintas declaraciones políticas por parte de miembros del Ejecutivo central, a las que después se han sumado «observaciones de confrontación público-privada». Además, censura una segunda cuestión relacionada con la forma de tramitarse, es decir a través de su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes por vía de urgencia. 

Es aquí donde Gómez Barahona lamenta la «falta de consenso» en la toma de decisiones. «En las reformas del sistema educativo en general, y en la formación superior en particular, debe haber un grado de consenso, de diálogo entre los grandes partidos políticos, entre el Estado y las comunidades, y con las partes implicadas», sostiene.

Nuevos parámetros. El borrador del decreto afecta a los dos modelos de enseñanzas, por lo que el rector de la Isabel I sostiene que «nadie se opone a los criterios de calidad que se puedan establecer», al igual que al hecho de que estos vayan evolucionando conforme avanzan los tiempos. En este punto y teniendo en cuenta que desde 1998 se han abierto 26 campus privados en España en un momento de caída en picado de la natalidad, defiende que esta situación responde a un cambio en las necesidades formativas de la sociedad. 

«El curso pasado hubo más universitarios que nunca en la historia», expone respecto a un cambio de perfil del alumnado que no tiene que ver con al que por edad le corresponde estudiar una carrera. Una evolución del conocimiento que -según explica- está relacionada con una vuelta a los estudios superiores que ejemplifica con los 30 años de media de los estudiantes de la institución, que ya cuentan con un grado y que compaginan las clases online con el trabajo. Y añade que el crecimiento de la matrícula aún puede ser mayor si se mira hacia Latinoamérica en un contexto geopolítico que ha provocado un cambio en su relación con EEUU con la llegada de Trump. 

A la hora de analizar los aspectos técnicos del texto que afectarán a los campus de nueva creación, Gómez Barahona valora que en lo referente al número mínimo de alumnos, 4.500, lo importante «no pasa por la cantidad sino por la calidad» de la enseñanza, y considera «razonables» otros como el hecho de que sus promotores deban aportar 5 años de bagaje en gestión académica. «Nosotros fuimos capaces de construir una universidad porque contábamos con experiencia», sostiene, al tiempo que se detiene en otros aspectos como la obligación de comunicar los precios de las matrículas o los presupuestos.

En cuanto a estas dos últimas cuestiones, asegura que la Isabel I siempre ha incluido esta información en las memorias anuales que presenta a la Junta, donde se detalla desde la docencia a la investigación realizada, las reuniones de los órganos de gobierno, los ingresos o los gastos. «Estamos habituados a estos sistemas de control, que, además, creo que son buenos y convenientes», precisa el máximo responsable de una institución cuyo presupuesto anual asciende a 20 millones de euros y el coste la matrícula ronda los 300 euros al mes. 

De acuerdo con las líneas generales del borrador, cree, no obstante, que este puede ser mejorable y alude a una exigencias más estrictas para las privadas respecto a la labor investigadora. En este sentido, explica que en el 5% de los fondos que se dedican a este fin en la actualidad recogen las inversiones en infraestructuras, instalaciones, equipamiento o material fungible, pero no los sueldos del capital humano, además de hacer referencia a un 2% adicional venidero fruto de la obtención de recursos en convocatorias y contratos. Y pone especial énfasis en esto último al asegurar que deberá cambiar el sistema debido a que las privadas se encuentran excluidas de esos procesos de concurrencia competitiva.

A esa matización añade una segunda relacionada con los sistemas de evaluación y la inclusión de una nueva modalidad de campus denominados de «especiales características», donde entran aquellos, como es el caso de la Isabel I, que imparten un 80% de sus créditos en modalidad online y que pasarán a depender de la agencia nacional de calidad (ANECA) en lugar de la entidad correspondiente en cada comunidad autonómica, la Acsucyl en Castilla León. Es en este punto donde el rector muestra su disconformidad por establecerse ese porcentaje máximo, pero sin que se tengan en cuenta los títulos a distancia que imparten instituciones presenciales. «Lo razonable sería que toda la formación online, con independencia del peso que presente, dependiera del Estado para que los requisitos de calidad, las condiciones tecnológicas o la cualificación del profesorado sea semejante o idéntica», asevera.

Como última precisión, Gómez Barahona reconoce que en el texto regulador echa falta referencias al desempeño de la labor del profesorado que, a su vez, determina la calidad de un título y que evalúan los propios alumnos. Es aquí donde se pregunta por qué no se ha dado relevancia a la realización de encuestas de satisfacción o se han establecido criterios objetivos de análisis de esta labor. «Ya que estamos hablando de calidad, se podría aprovechar el momento», sostiene, extendiendo esta misma demanda a otros ámbitos como el análisis de la internacionalización.

Al margen de consideraciones técnicas, se desmarca de esa polarización política actual. Defiende la convivencia de dos sistemas, uno financiado con fondos públicos y otro privados, que no compiten sino que conviven, aunque diferenciando «entre las universidades que cumplen las condiciones y las que no», y rechaza de lleno la extensión de esa cultura de la confrontación al ámbito académico, «en el que todos sumamos y se caracteriza por la pluralidad y la diversidad».