La percepción entre los profesionales de justicia en Burgos es que pocas veces los tribunales de la provincia habían estado tan colapsados como hasta ahora en todos los órdenes jurisdiccionales. Suspensiones, citaciones para dentro de seis meses en el mejor de los casos, retrasos en los días de vistas... Lo peor de todo es que la estadística confirma esa sensación generalizada. El año 2023 le vino muy mal a los órganos judiciales, principalmente por la huelga de los letrados de la administración (antiguos secretarios) y los paros de los funcionarios. Así, pese a que ingresaron más procedimientos, resolvieron menos.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados burgaleses ingresaron el pasado año un total de 42.152 asuntos, 2.286 más que el año anterior. Por contra, resolvieron 37.239 procedimientos, lo que supuso 1.767 menos que en 2022. Esto derivó en que al final del ejercicio quedaran en trámite casi 5.000 pleitos más que al inicio.
En porcentaje los datos son mucho más alarmantes. Se resolvió un 4,5% menos y se ingresaron un 5,7% más, de ahí que la tasa de congestión de los juzgados burgaleses sea diez veces más que la del año anterior. Los civiles y los penales son los más afectados por esta situación, si bien los sociales, que están señalando procedimientos de despido para 2025, también sufren una sobrecarga notable desde hace tiempo.
Teniendo en cuenta que los números ofrecidos por el CGPJ no distan mucho de los aportados por los sindicatos al inicio del curso judicial, parece más que evidente que la huelga de letrados de la administración de justicia en el primer trimestre y la de funcionarios en el segundo, fueron devastadoras para los tribunales. Las visitas cursadas por el Servicio de Inspección para analizar la situación no han servido para convencer de la necesidad de poner más medios técnicos y humanos.
Más bien todo lo contrario. Para muestra, lo que ocurrió hace un mes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de los asuntos penales. Esta unidad judicial acumula un atasco nunca visto con anterioridad. Los funcionarios han comenzado a llamar ya a jusiticiables y testigos para citarles en enero 2026, es decir, a dos años vista.
Era la segunda inspección en medio año después de que el Poder Judicial rechazara la solicitud de un sexto magistrado que ayudase a mitigar la sobrecarga de trabajo de la sección y, al menos de forma temporal, se pudiese desdoblar para mejorar la tasa de resolución. Y aunque no hay una decisión firme, las sensaciones que dejaron los inspectores no fueron nada halagüeñas.
Todo lo contrario. Desde el órgano de gobierno de los jueces se dejó caer que la situación en Burgos no es mucho peor que la de otras provincias de España que cuentan con los mismos medios o incluso con menos. Y lejos de comprometerse a conceder un sexto magistrado que hiciera de apoyo, mucho menos a crear una segunda sección, lo que instaron es a cambiar algunas metodologías de trabajo para poder aligerar los asuntos.
Algo parecido ocurrió en los penales de Reyes Católicos, que también acumulan sobrecarga pese a que hace un par de años estuvieron reforzados y lograron sacar adelante muchos asuntos pendientes desde la pandemia. Desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón se llegó a plantear la opción de destinar un cuarto magistrado para que simplemente se encargase de las ejecuciones de sentencia.
Pese al compromiso del exsecretario general de Justicia de crear nuevas unidades si se solicitaban, lo cierto es que el Poder Judicial no ha atendido ninguna de las peticiones de la provincia y ese es un paso previo importante. La previsión para el futuro más inmediato no es optimista y parece que los juzgados seguirán colapsados.