La Diputación Provincial de Burgos se ha visto obligada a anular la convocatoria de 30 plazas de funcionario y personal laboral de nuevo ingreso correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2022 y que se había lanzado en un paquete conjunto con las de los años 2023 y 24. Los tribunales han dado la razón a Comisiones Obreras, de nuevo por entender que no se produjo una negociación efectiva del equipo responsable de Personal del anterior mandato, con Lorenzo Rodríguez al frente, y los sindicatos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el recurso de la institución provincial, por lo que no le ha quedado otro remedio que dar cumplimiento a la sentencia de primera instancia y anular un proceso que implica a cientos de opositores.
Las plazas concretas se corresponden con 13 vacantes de funcionario: técnico de administración general (3), enfermero (2), técnico de grado medio (1), ingeniero técnico de obras públicas (1), administrativo (2) y auxiliar administrativo (4); y otras 17 de personal laboral: agente tributario (1), auxiliar de carretera (2), cocinero (1), auxiliar de cocina (4) y lavandero-costurero-planchador (9). Ahora será necesario llevarlas de nuevo a la Mesa General de Negociación y tratar de unirlas a la convocatoria de 2025, con el correspondiente retraso y la repercusión directa en todos aquellos que se preparaban para el próximo examen. «Detrás hay personas», se lamenta Ramiro Ibáñez, que «quizás hasta han dejado un trabajo para prepararse», recalca para añadir la necesidad que «la propia Diputación tiene de cubrir esas plazas» para combatir la interinidad y el elevado porcentaje de vacantes de su plantilla.«Es importante avanzar en las ofertas de empleo público», subraya el actual responsable de Personal.
Reincidente. Las sentencias declaran la nulidad de pleno derecho de la Oferta de Empleo Público de 2022 y de la correspondiente convocatoria de plazas «al considerar que no se ha llevado a cabo una negociación real de los criterios generales» sobre esa OEP, lo que le reprochan a la administración pública.
«Sin disponer de la documentación solicitada, o sin explicación o justificación de que la proporcionada es la necesaria para el asunto, no puede considerarse que se haya ofrecido a la apelada, representante de los funcionarios y del personal laboral, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión administrativa a través de un debate realmente contradictorio en el que haya podido expresar su opinión sobre las plazas a incluir en la oferta de empleo público a partir de un conocimiento de todas las existentes dotadas presupuestariamente, no pudiendo calificarse la actuación de la Administración apelante, en el desarrollo de la negociación, como suficientemente trasparente y, por tanto, respetuosa con el principio de buena fe», concluye el TSJ.
No es la primera vez que los tribunales reprochan a la Diputación su falta de negociación con los sindicatos y anulan resoluciones administrativas con consecuencias para terceros. Por ejemplo, en 2023 fue anulada -ya con la fecha de examen- la convocatoria de una bolsa de empleo de auxiliar administrativo, a la que se habían presentado más de 800 personas porque no se habían negociado las bases con los representantes de los trabajadores, tal y como denunció CCOO.