Por mucho que sus detractores hayan cargado contra la Ley 4/2015 de Protección Ciudadana, denominada 'ley mordaza', al considerar que era una normativa que recortaba derechos, lo cierto es que se ha convertido en un arma muy eficaz para perseguir las infracciones leves de droga. Es decir, lograr pequeñas incautaciones que no pueden considerarse delictivas. No en vano, a lo largo de sus casi diez años de historia, las gran mayoría de multas en base a este texto han sido por consumo o tenencia en la vía pública. Lo preocupante es que este tipo de infracciones no ha parado de crecer y en 2023 se dispararon hasta alcanzar su cifra máximo histórica.

El informe elaborado por el Ministerio del Interior muestra que el pasado año se tramitaron ante la Subdelegación del Gobierno un total de 2.551 multas en base a los cuatro artículos que contemplan sanciones por tenencia y consumo en la vía pública, traslado en vehículos o permitirla en locales de ocio. Son 852 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 50% hasta alcanzar la cifra más alta desde que entró en vigor la ley.

La evolución de los últimos años no había sido mala. El año 2019 fue el último en el que se llegaron a superar las 2.000 multas. Los dos siguientes ejercicios estuvieron marcados claramente por la pandemia y la mayoría de sanciones tenían que ver con faltas de respeto a la autoridad -la gran mayoría se anularon al considerarse no constitucionales los confinamientos-. Curiosamente en 2022 volvió a descender el número de infracciones, pero este año se han vuelto a disparar.

La Ley de Protección Ciudadana califica estas sanciones de graves, por lo que están castigadas con entre 600 y 10.400 euros, pues la gran mayoría se considera que están en su grado mínimo. El año pasado, el Estado recaudó con esas multas 1,75 millones de euros y desde su entrada en vigor roza los 10 millones.

Lo que permite esta normativa es denunciar por la vía administrativa el consumo o la tenencia de drogas. Es decir, que permite por ejemplo que no queden impunes algunas transacciones al menudeo siempre que sean cantidades no consideradas como delito. Son aproximadamente el 70% del total de multas que se imponen en base a la llamada 'ley mordaza'.

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