Las antiguas instalaciones de Valca, donde durante cincuenta años se fabricó material de fotografía y Rayos X permanecen abandonadas desde 1993, pero ha sido una investigación iniciada en otoño de 2019 por el Seprona de la Guardia Civil la que ha disparado todas las alarmas sobre el peligro y los riesgos que pueden suponer para las personas y el medio ambiente los "residuos peligrosos con efectos tóxicos" que aún permanecen en su interior. Una buena parte se retiraron por orden judicial en 1998, pero no todos. Preocupan especialmente 8 depósitos enterrados con "líquido residual peligroso en su interior". Por ello, el Juzgado de Villarcayo, como avanzaba DB, ha ordenado, a solicitud de la Fiscalía, la retirada cautelar de todos los residuos y la última junta de gobierno local del Ayuntamiento menés ha acordado que el Consistorio se hará cargo de reforzar el vallado del complejo fabril para evitar accidentes, según ha confirmado la alcaldesa, Lorena Terreros.
Esta decisión llega un año y medio después de el Seprona remitiera al Consistorio un primer informe preliminar de su investigación, en el que le daba cuenta de que las instalaciones de Valca suponían "un peligro para las personas que puedan acceder al interior", dado que son los ayuntamientos los responsables de exigir a los particulares que mantengan en condiciones de seguridad sus propiedades. Entonces, el Seprona también solicitaba al Consistorio un informe identificando las empresas que hubieran tenido actividad en los 42.000 metros cuadrados del recinto de Valca y un informe del estado de las instalaciones en lo referente a la seguridad y a los riesgos que pueda suponer para las personas o sus bienes.
A los pocos días, en noviembre de 2019 la junta de gobierno local encargó un informe al arquitecto municipal, quien en diciembre de 2019 ya recomendó contactar con la empresa propietaria de la antigua Valca para que "aseguren el recinto con el específico fin de evitar entradas indiscriminadas que producen riesgos e inconvenientes que deben tratar de evitarse".
En marzo de 2020, el Seprona volvió a recordar al Consistorio el peligro para quienes se aventuraran a entrar en la fabrica. Pero llegó la pandemia, el estado de alarma y el confinamiento y fue en la junta de gobierno del 10 de julio la que por primera vez acordó dirigirse a la firma propietaria, Mena aceros y metales S.L. para exigirle el correcto vallado del complejo. Días antes, especialistas del Seprona y responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico habían realizado una inspección en las instalaciones. El informe del Seprona fruto de esa inspección advirtió al Consistorio de que "los responsables de las parcelas o las entidades públicas que subsidiariamente puedan ser responsables deben de proceder a tomar las medidas oportunas" respecto del cerramiento perimetral para evitar que nadie ajeno pudiera entrar con el riesgo que ello conlleva. Otro informe de Medio Ambiente del 2 de julio también recomendaba al Ayuntamiento dictar órdenes a los propietarios del inmueble para evitar riesgos para la seguridad de las personas y el medio ambiente.
se entra sin dificultad. Ante su falta de respuesta, por segunda vez, el Ayuntamiento volvió a dirigirse a la propiedad en octubre y ante su silencio, la última junta de gobierno hace pocos días ha decidido actuar de forma subsidiaria, como marca la ley, para luego tratar de cobrar la factura a la propiedad. En ambas ocasiones, la junta de gobierno local planteó a esta empresa que "reforzara puntualmente y donde considere necesario el vallado perimetral, insistiendo en la seguridad del cierre en la margen derecha del río Cadagua", que transcurre junto a la antigua fábrica. Asimismo, se le reclamaba que reconstruyera el acceso principal, precintado desde julio de 2020 por el Seprona y la Policía Local del Valle de Mena, dado que por esa zona, donde el muro se ha derrumbado, "se accede al interior del recinto sin problema o dificultad alguna".