La exigua minoría del gobierno tripartito en el Ayuntamiento arandino tuvo en el último pleno municipal una nueva prueba de lo complicado que es gobernar en esta situación. Los diez votos de PP y PSOE, contrarios a la ordenanza fiscal que venía a fijar los precios de las entradas, abonos y descuentos de la piscina cubierta, fueron suficientes para imponerse a los nueve de Sentir Aranda, Podemos-IU y Ciudadanos, con la abstención de los dos ediles de Vox.

Desde las filas populares, su portavoz, Cristina Valderas, reclamó «precios populares, precios asequibles» y acusó al equipo de gobierno de intentar aprobar los precios propuestos «a toda costa porque lo que quieren es decir que abren la piscina», pero criticó que se usa el sistema de «prueba-error» planteando que se haga en el sentido contrario. «¿Por qué no bajamos los precios y luego los subimos si vemos que hace falta?», propuso Valderas durante el debate.

La bancada de en frente, la socialista, reiteró su planteamiento de que la entrada individual se rebaje un euros. «No queremos poner trabas a la reapertura de la piscina cubierta, que ya lleva mucho tiempo cerrada», aseguró la edil del PSOE, Laura Jorge, pero criticó que «se mira mucho la rentabilidad económica y no se tiene en cuenta la rentabilidad social».

El portavoz de Vox, Sergio Chagartegui echó en cara al equipo de gobierno su «empecinamiento» al mantener los precios y coincidió con los dos grupos mayoritarios de la oposición al insistir en que «es caro porque es un deber social tener la piscina abierta», para justificar sus dos abstenciones.

Frente a todas estas posturas en contra, el concejal de Hacienda, Guillermo López, defendió que el sistema «ensayo, prueba y error funciona, quizás los gastos sean menores a los planteados y podamos bajar las entradas, pero después de conocer esos gastos», a lo que se comprometió «dentro de seis meses o 12 meses».

Además de este asunto, se aprobó una modificación de la plantilla que conlleva la creación de dos plazas y media de trabajadores sociales, además de la plaza de letrada urbanista obligada por sentencia, y la estabilización de los puestos de trabajo que pasan de temporales a estables. Un punto en el que el debate se encarnizó, con acusaciones de que el proceso podría ser ilegal y que, de recurrirse, los trabajadores afectados podrían quedar en la calle, dato que refutó la edil de Personal, María de las Viñas Ortuño.