La caída del régimen de Bashar al Assad el pasado mes de diciembre ha dejado expuestos los desafíos y el porvenir de la nueva Siria, que intenta reponerse de los combates entre una insurgencia de grupos leales al dictador y las tropas del nuevo Gobierno, que se saldaron con más de 1.400 muertos en las provincias de la costa del país árabe, bastión de la minoría alauita, la rama del islam chiita que profesa al clan del depuesto dirigente.

La transición entre el mandato anterior y la entrada al poder del nuevo líder, Ahmed al Sharaa, se antojaba pacífica, pero se tornó en compleja cuando el pasado 6 de marzo grupos afines al dictador -que se han negado a entregar las armas- iniciaron enfrentamientos contra el Ejército de la nueva Administración, que se vio obligado a contrarrestar con una operación a gran escala. La zona más golpeada fue la provincia de Latakia, con 683 civiles muertos, seguida por Tartús, con 433 y Hama, con 255.

Las masacres de cientos de alauíes han desatado una condena internacional y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha llegado a achacar estos hechos a «terroristas islamistas radicales, incluidos yihadistas extranjeros», alineados con las autoridades instauradas tras la caída del antiguo régimen.

Los civiles de las provincias de Latakia y Tartus han sido los más perjudicados y más de 6.000 han terminado huyendo al Líbano. - Foto: EFEResidentes de estas provincias han afirmado que la mayoría de la comunidad alauita rechaza formar parte de estos grupos de resistencia, y culpan de la violencia a Ghiath Dallah, exgeneral de brigada del Ejército del dictador, y a otros leales. Desde que comenzaron las matanzas, más de 6.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en Latakia y Tartus dirección El Líbano. 

La ONU también ha denunciado esta oleada de violencia e incluyó en muchos casos «ejecuciones sumarias» de base «sectaria» por parte de elementos afiliados al caído régimen, pero también por otros que apoyan a las autoridades de la transición.

En medio del caos, Siria intenta dar pasos en busca de conformar un país renovado y alejado de las hostilidades. Buena prueba de ello es que, tras más de una década de llamados a la división territorial y de administraciones autónomas paralelas, la república persa avanzó el pasado lunes hacia la unidad territorial, social y militar con el acuerdo firmado entre las nuevas autoridades de Damasco y la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

Un ciudadano de Hama ondea la bandera del país árabe en un funeral por las víctimas. - Foto: EFEEste pacto estipuló la integración de los kurdosirios en las instituciones del Estado, que pasarán a gobernar los territorios septentrionales hasta ahora gestionados por la Administración Autónoma del Norte y Este de la nación, también conocida como Rojava.

La formación de este grupo se remonta a 2012, cuando las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) fueron creadas durante la guerra civil para controlar las zonas del norte habitadas por kurdos, algo que derivó en la fundación de las FSD en 2015 y la consiguiente aspiración de independencia del Kurdistán sirio.

Los kurdosirios se han enfrentado durante todos estos años no solo al régimen dictatorial, sino también a la amenaza del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y a la ocupación del noreste de Turquía y sus fuerzas aliadas.

Retos pendientes

Ahora, la crisis de la semana pasada ha despertado los fantasmas de la guerra civil, pero el pacto con los kurdos ha arrojado un nuevo rayo de esperanza en la unidad de un país dividido por Al Assad, el conflicto sectario alimentado por otras potencias como Turquía e Irán o el Estado Islámico. Y es que las FSD, compuestas también por asirios y cristianos, entre otros grupos étnicos, pasarán a formar parte de un Ejército unificado que, por primera vez en años, ondeará una sola bandera.

Miembros de las Fuerzas de Seguridad del actual régimen patrullan con sus armas la ciudad de Qardaha. - Foto: EFEAunque el acuerdo resuelve gran parte de los problemas entre las nuevas autoridades, todavía hay muchas incógnitas sobre la mesa.

En primer lugar, la gestión de las cárceles y de los campos de desplazados donde viven hacinadas decenas de miles de familiares y miembros del EI, que hasta ahora han estado a cargo de las FSD pese a sus limitadas capacidades. 

Además, la milicia proturca Ejército Nacional Sirio (SNA) continúa con su ofensiva en solitario contra las FSD en el norte de la nación árabe, donde han muerto decenas de personas desde el inicio de las hostilidades tras la caída de Al Assad.

Finalmente, queda pendiente el futuro de las tropas de Estados Unidos, el principal aliado de los kurdosirios, para hacer frente a la amenaza del Estado Islámico, a las que el presidente norteamericano, Donald Trump, además quiere retirar.

Visita a La Haya

Otro paso que ha dado el nuevo Gobierno para dejar atrás el legado anterior ha sido mostrarse más cercano a los organismos a los que el caído dictador miró con recelo, como evidenció la visita hace dos semanas de sus representantes a La Haya para respaldar la lucha contra las armas químicas, la búsqueda de personas desaparecidas y la rendición de cuentas ante la Justicia internacional.

El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, mantuvo varias reuniones en la organización e hizo una demostración de su compromiso con los tratados y leyes.