La Diputación Provincial concedió el pasado año al Ayuntamiento del Valle de Manzanedo el primer premio del Concurso Provincial de Medio Ambiente en su categoría por la recuperación ambiental del arroyo de Peñalagua en Crespos, un proyecto que abanderó la Asociación de Amigos de Crespos El Hayadal y que fue fruto del trabajo vecinal. El destino del galardón de 8.000 euros enfrenta ahora a la asociación y a la nueva alcaldesa del Valle de Manzanedo, Margarita Pérez, hasta el punto de por ésta y otras cuestiones, la directiva de la asociación que preside Jesús Ángel Ruiz de Diego ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Villarcayo contra la regidora.
La asociación y la anterior alcaldesa, Carmen Saiz, alcanzaron un acuerdo verbal sobre el destino del premio, en caso de ganarlo. Los vecinos colaboraron en la regeneración ambiental de una parcela de unas 5 hectáreas y el encauzamiento del arroyo. Para ello, cortaron 42 chopos después de que cayeran tres de ellos y otros amenazaran las viviendas del pueblo. El proyecto defendía la importancia de crear un perímetro de seguridad con la limpieza de la vegetación del terreno y así tratar de evitar que un incendio afectara a las viviendas. El propio arroyo podría ser también un freno a un posible fuego. La secretaria de El Hayadal, Beatriz Ortega, añade que Crespos solo tiene una salida por carretera, por lo que la Junta de Castilla y León ha ensanchado los caminos con el fin de permitir una mejor evacuación en caso de incendio. Asimismo, Medio Ambiente autorizó la limpieza. Y la asociación acordó con el Ayuntamiento que el encauzamiento correcto del arroyo sería concluido con los fondos del premio, así como el destoconado de los chopos cortados para facilitar que las fincas se limpien con un tractor y no se tengan que desbrozar a mano.
Ahora la alcaldesa del Valle de Manzanedo «niega cualquier vinculación del premio a la urgente necesidad de actuar en los terrenos», denuncia la asociación. YPérez corrobora a DB su posición. «El pacto al que llegaron con la anterior alcaldesa no es el mío y mis proyectos esta legislatura son otros», sostiene. La regidora defiende que el premio «le fue concedido al Ayuntamiento y yo como alcaldesa veré donde es conveniente invertirlo». «Tengo claro que lo destinaré a necesidades urgentes del Valle de Manzanedo, como el abastecimiento de agua y saneamiento de San Martín del Rojo, el depósito de aguas fecales de Cidad de Ebro o la mejora de caminos», explica Margarita Pérez, quien insiste en que para ella «no es una prioridad la limpieza de la zona, porque todos los pueblos están rodeados de maleza y si tengo que limpiarlos no habría presupuesto». «La asociación se cree que es una junta vecinal y no es así», concluye la alcaldesa. Si mira hacia Crespos, también ve otras prioridades, como el arreglo de la hornera, «donde invertiré lo que sea preciso».
Sin centro social. En la denuncia ante el Juzgado de la asociación también se menciona otro problema surgido el pasado febrero con el Ayuntamiento. Fue entonces cuando desde la asociación afirman que la alcaldesa llamó al presidente de la asociación para «imponerle» que se entregaran todas las copias de las llaves de la antigua casa de concejo «con la advertencia de acudir a la Guardia Civil si hubiera negativas». También puso en la puerta un cartel de prohibido el acceso, ahora retirado.
La asociación denuncia que «un acuerdo del Pleno de 2005 reconoce el interés de la asociación para la localidad y cede el uso gratuito y parcial de la casa de concejo como sede de los asociados durante un plazo de 30 años prorrogables». Añaden que el inmueble también tiene un uso público para el ocio y la cultura y está equipado con wifi, además de tener en su interior las mangueras de incendios y bienes y mobiliario de la asociación. Fueron sus integrantes quienes rehabilitaron el local. Por ello, denuncian «una privación injustificada de derechos, libertades y servicios».
Enfrente, Pérez, lamenta que en Semana Santa la asociación se reuniera en la iglesia, pero no le solicitara autorización para el uso de la casa de concejo. La regidora dice desconocer el acuerdo plenario de 2005 e insiste en que se ha de pedir autorización para usar este edificio público, a la vez que critica «posibles usos indebidos» y que «hay vecinos que viven allí -una familia- y que no lo pueden usar, mientras que otros sí, de forma arbitraria».