La falta de personal en la práctica totalidad de los servicios municipales es, desde hace años, uno de los grandes dolores de cabeza de las últimas corporaciones. En el déficit de efectivos se han justificado los retrasos en la concesión de licencias de obra o de autorizaciones de terrazas, la demora en la elaboración y supervisión de pliegos y licitaciones de inversiones, las dificultades para perseguir infracciones urbanísticas o tributarias, las colas en el padrón o en el registro o la tardanza en el abono de subvenciones.

Todas estas dificultades han provocado reiteradas quejas de los jefes de servicio hacia los responsables políticos de turno y la imposibilidad de reaccionar a tiempo para cubrir las vacantes (son procesos muy tediosos y largos) ha obligado a los últimos equipos de Gobierno (especialmente a este último y al anterior) a recurrir al abono de horas extras y gratificaciones para salvar el día a día.

Los datos de la liquidación de los últimos dos últimos presupuestos municipales muestran que este gasto se ha consolidado con el paso del tiempo. Si ya al cierre del ejercicio 2022 se recogieron obligaciones reconocidas por importe de más de 1,5 millones de euros, en el de 2023 la cifra se disparó hasta los casi 2,3 millones.

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