Después de muchos meses de lucha, de desvelos y de quebraderos de cabeza, Nieves consiguió que el juez acordase el lanzamiento de unos inquilinos que nunca tuvieron intención de pagar por vivir en su piso de la calle de la Ventosa, en la zona sur de la ciudad. Pero el día del desahucio, en lugar de ser el final de una pesadilla, fue solo un punto y seguido. Porque al llegar se encontró con otras personas que aseguraban tener un contrato verbal con la propietaria. Era un clásico truco de 'inquiokupa'. Una estratagema suficiente como para paralizarlo todo y devolver el procedimiento al punto de partida. El tiempo pasa y esta mujer solo siente el desamparo de la justicia y de la administración, pues la condición de vulnerables de sus moradores ilegales la impide incluso cortarles el agua. Y la desesperación va en aumento.

A Nieves no le gusta merodear mucho por los alrededores de su casa. Más de un enfrentamiento ha tenido con sus 'inquiokupas' cuando ha pasado por allí precisamente a solventar problemas generados por ellos. El último hace apenas unos días. «Han destrozado el baño. Han quitado la ducha y los azulejos, lo que ha provocado que se caiga el techo del piso de abajo. El agua ha alcanzado las vigas y está dañada la estructura», explica.

La situación podría cambiar si la Sociedad de Aguas les cortara el suministro, cosa que ya hicieron hace unos meses. El problema es que Servicios Sociales declaró la vulnerabilidad de la familia que está viviendo allí y la legislación vigente les obliga a reactivarlo debido a su situación. «He enviado varios escritos advirtiendo de que es muy peligroso que mantengan el agua. Tendrían que cortarlo porque el edificio está en serio riesgo, pero no lo quieren ver», lamenta.

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