Cuando un crimen no se resuelve a las 48 horas de su comisión las dificultades para hallar a los culpables se incrementan exponencialmente cada día que pasa. Se trata de una máxima policial que raras veces contradice la realidad. Y el caso del triple crimen de Burgos no es una excepción, como ha quedado demostrado en los últimos diez años. Una década en la que la investigación de la Policía Nacional y del juzgado de Instrucción 2 no ha podido hallar ninguna prueba concluyente de la implicación de Ángel Ruiz -el habitante de La Parte de Bureba encarcelado por matar a una vecina- en el triple asesinato de la familiar Barrio, ocurrido en la madrugada del 7 de junio de 2004. Hasta 125 puñaladas recibieron Salvador; su esposa, Julia Dos Ramos, y el hijo menor de ambos, Álvaro. De hecho, la Fiscalía ha solicitado ya el archivo provisional del procedimiento, un hecho que tendrá muy en cuenta la titular del órgano judicial que dirige la instrucción. Sería poco entendible que la magistrada dictara auto de apertura de vista oral sin el soporte del Ministerio Público, por mucho que una de las acusaciones particulares, la que ejerce el hijo mayor de la familia, Rodrigo, sí haya solicitado que se celebre el juicio.
Lo cierto es que la investigación, el 7 de junio de 2004, no empezó de la mejor manera, porque el trasiego de personas en la escena del crimen -en el 5º A del número 14 de la calle Jesús María Ordoño- excedió de lo normal. Y los días siguientes las cosas tampoco mejoraron, porque la Policía Nacional exploró varias vías de investigación, pero ninguna con éxito. Desde que el asesino fuera vecino de La Parte de Bureba, de donde era originario Salvador y donde poseía numerosas parcelas de cereal, a que pudiera tratarse de algún clan de origen gallego, pues Julia Dos Ramos era de Ourense. Ninguna de esas pesquisas cristalizó en detención alguna.
Hasta 2007. En esa fecha, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional puso el foco en Rodrigo Barrio, que estudiaba en Aranda de Duero y la madrugada del crimen se hallaba en el colegio La Aguilera. Hasta el punto de que con 19 años fue detenido e internado en el centro Zambrana de Valladolid como medida cautelar, pero saldría a los tres días. Y tres años más tarde, en 2010, la argumentación que los investigadores construyeron en torno a su culpabilidad se desmoronaría. El «castillo» de supuestos indicios levantados en esos 36 meses de pesquisas «tenía los cimientos de barro», en palabras del fiscal delegado de Menores en aquel momento y hoy fiscal jefe de Burgos, José Fernández. Junto a su compañero Luis Delgado solicitó a la jueza Blanca Subiñas el archivo de la causa en un auto que tachaba de «meras hipótesis y conjeturas» las conclusiones de la Policía. La propia magistrada no era más benévola que ellos con la investigación policial, que tildó de «auto de fe, como una necesidad ciega de buscar respuestas».
En 2014, tras ser condenado a 18 años de prisión por matar a su vecina Rosalía Martínez atropellándola con un coche robado, Ángel Ruiz se convirtió en principal sospechoso y el juzgado de Instrucción 2 de Burgos reabrió la causa. Es el hombre que cubrió de pintadas ofensivas el panteón de su familia paterna la misma noche del entierro de Salvador. El mismo individuo que interrumpió el sepelio de 'Salvi' con acelerones de su tractor en una finca junto al cementerio. El mismo que coleccionaba recortes de prensa del triple crimen. El mismo que se enfrentó al padre de Rodrigo porque un camino vecinal invadía una propiedad suya. El mismo al que Pepe, tío abuelo del único superviviente de la matanza, apuntaba cuando la Policía Nacional acudía al pueblo preguntando por posibles sospechosos. La Benemérita le considera también responsable de la desaparición de un joven búlgaro, Shibil Angelov Shibilov, a quien habría contratado a finales de 2012 para buscar unos sicarios que matasen a un pariente suyo en Bilbao. Solo por estos dos crímenes ya podría ser considerado un asesino en serie.
Con estos antecedentes y los efectos que hallaron en el registro de su casa, entre ellos la llave del despacho de la Alcaldía de La Parte que ocupaba Salvador en 2004, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Benemérita no tardó en situarle como sospechoso del triple crimen.
Sin embargo, los análisis practicados a las evidencias obtenidas en los registros de las propiedades de Ángel Ruiz y su familia, tanto los efectuados en 2017 en Briviesca y en La Parte de Bureba, como en las inspecciones llevadas a cabo en inmuebles del sospechoso en este municipio en diciembre de 2021, no dieron ningún resultado que vincule al investigado con el triple crimen. No aparecieron restos de sangre de las víctimas en ninguna prenda de ropa. Entre los vestigios que fueron obtenidos en la escena del crimen, la Policía conservaba 32 pelos adheridos al cuerpo y a las ropas del hijo pequeño del matrimonio, con el fin de compararlos con el ADN de posibles sospechosos que aparecieran en el futuro. Pues bien, ninguno de ellos coincide con la muestra indubitada que le fue tomada a Ángel Ruiz. Por tanto, las dificultades para resolver el triple asesinato dos décadas después son extremas.