Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta en funciones del gobierno de España, se ha salido con la suya. Pedro Sánchez contará con sus votos para la investidura a cambio de reducir la jornada laboral y subir el Salario Mínimo Interprofesional. La jornada laboral será de 37,5 horas, aunque la idea es llegar a las 32 horas para acabar en una jornada de cuatro días de trabajo a la semana.

Las razones de Díaz para abordar estos cambios, según sus propias explicaciones, son que seguimos teniendo la jornada laboral de hace 100 años y recuperar tiempo para sumar vida. Sorprendentemente, la vicepresidenta económica el lunes mismo, en unas declaraciones a la televisión pública, aseguraba que este cambio en la jornada laboral "no estaba entre sus prioridades" y sí reducir las cifras de desempleo que mes tras mes, desde hace demasiado tiempo, son las peores de toda la Unión Europea tanto las de paro general como las que afectan a los jóvenes.

Es obvio, que este cambio propuesto por Sumar y aceptado por Sánchez no puede aplicarse en todos los sectores ni siquiera en todas las empresas. Habrá que esperar a la letra pequeña de su regulación, si llega el momento. Incluso una nueva subida del SMI no garantiza, como ya ha quedado claro en recientes informes sobre anteriores subidas, que no ayuda precisamente a una mayor contratación de jóvenes. Lo que también se está viendo en el mercado laboral español es trabajo troceado, fijos discontinuos, mayor temporalidad y sobre todo unas cifras maquilladas que no ayudan. Hoy, abundan los trabajos a tiempo parcial y firmar varios contratos para poder sumar un salario más decente y engordar las cifras de cotizantes.

De hecho, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la reforma de las pensiones presentada a Bruselas reconoce que no alcanzaremos el 8% de paro hasta dentro de 10 años y ello suponiendo que el resto de sus previsiones se cumplan. Unas expectativas que por cierto han sido tumbadas por los expertos de FEDEA. Cree este informe que "una subida adicional de las cotizaciones, ya muy altas, para cubrir el déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento, el empleo y la productividad" y que las proyecciones de población resultan poco plausibles.

En este contexto, parece que ya es una promesa de legislatura en toda regla llegar al pleno empleo, aunque ya nos aclararán de qué estamos hablando. En el mundo económico esta tasa se situaría en torno al 4% de la población activa, mientras que el Gobierno la sitúa por arte de magia en el 8% y, como decía, ni el más optimista Escrivá lo ve en los próximos 10 años.