La Audiencia Provincial ha condenado a 13 años y 9 meses de prisión a un varón residente en Merindades por un delito continuado de agresión sexual que cometió durante tres años contra la hija de su pareja cuando la menor tenía entre 14 y 17 años de edad y convivían en la misma vivienda. El condenado está en prisión desde que en diciembre de 2022, la joven, que entonces tenía 19 años y residía de forma temporal en Burgos, donde cursaba sus estudios, decidió denunciarle ante el temor de que las agresiones volvieran a repetirse cuando ella regresara a su casa en la comarca.

El caso que instruyó el Juzgado Nº 2 de Villarcayo y se juzgó en julio en la Audiencia Provincial se remonta al año 2017 y relata lo ocurrido hasta 2020. Según la joven, todo comenzó cuando una noche, teniendo ella 14 años, le contó a la pareja de su madre que había estado con un chico. El condenado, según explica la sentencia, «se sintió traicionado y le dijo que igual que se lo había dado todo, ahora se lo iba a quitar y que se lo iba a ir dando poco a poco bajo sus condiciones y que esas condiciones eran favores sexuales».

Fue entonces cuando, según la propia sentencia, el hombre comenzó a pedirle masturbaciones o felaciones, entraba en su habitación y en su cama y le realizaba tocamientos y penetraciones. Una de estas le produjo una herida que le duró y dañó durante una semana.

La joven vivía bajo el mismo techo de su agresor desde los 11 años. Lo que ocurría si no accedía a los favores sexuales era que «la dejaba sin teléfono o sin hablar con sus amigos o familiares». Así pasaron varios años en los que el agresor entraba en su dormitorio «durante las noches unas tres o cuatro veces a la semana» y siempre «cuando su madre se dormía» hasta que la joven se fue a estudiar a Burgos, donde en diciembre de 2022 recibió la visita de su agresor.

Miedo. En aquella ocasión, el condenado le dijo que «estaba harto, que solo le humillaba» y le profirió insultos de todo tipo. A raíz de este episodio de descalificaciones que eran habituales, ella «temió que al terminar sus estudios y volver a su casa, iba a regresar a la situación de control que empezó a los 14 años y decidió denunciar», explican los magistrados.

Si no lo hizo antes fue por «miedo», por considerar «violento» a su agresor y porque éste «le decía que si le denunciaba iba a decirle a sus amigas que era consentido por ella». Ante esta tesitura, la joven «se sentía un despojo y un cacho de carne y la persona más tonta del mundo por el poder que él ejercía sobre ella». Se atrevió a denunciar «cuando se sintió arropada por su padre y la pareja de éste».

La Audiencia Provincial de Burgos considera que «no se desprende ni tan siquiera una sospecha sobre la más mínima intención de la testigo-víctima de querer perjudicar gratuitamente al acusado». También respalda la «verosimilitud en el testimonio» y situaciones como el «ataque de ansiedad» que sufrió cuando se sinceró con algunos allegados.

Los magistrados del caso han valorado que los hechos ocurrieron «en plena edad de maduración» de la víctima y que el «autor era alguien de su círculo íntimo familiar que aprovecha esa circunstancia para comenzar los contactos sexuales». Junto a la prisión también ha sido condenado a no aproximarse ni comunicarse con su víctima durante 16 años, a no poder trabajar con menores durante 19 años, a la pena de libertad vigilada por 10 años y a indemnizar a la víctima con 30.000 euros.

La defensa del agresor, que pidió su absolución, solicitó la atenuante de drogadicción, alegando que el acusado «tenía problemas con las drogas», pero fue finalmente rechazada.