El Constitucional ha decidido aplazar hasta el lunes la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio alto tribunal que se pretenden aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.

Fuentes jurídicas han informado de que el pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado para estudiar esta cuestión debe resolver primero sobre las recusaciones planteadas por Unidas Podemos de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

Esta decisión tiene como consecuencia que el Congreso dispone de vía libre para aprobar esta tarde las enmiendas, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su cautelarísima en caso de que los magistrados hubieran atendido su petición.

González-Trevijano ha tomado esta decisión a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados progresistas que le han solicitado que aplace el pleno convocado para las 12:00 horas.

El motivo es disponer del "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana".

Todo ello, precisan, les "imposibilita poder participar en la deliberación y votación". Este grupo lo componen los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.

Ocurre que la jornada ha sido frenética sin haber celebrado el pleno, que estaba fijado a las 10.00 pero que se tuvo que retrasar a las 12.00 y más tarde a las 13.00 horas para finalmente aplazarlo.

El desencadenante ha sido el goteo desde anoche hasta primera hora de esta mañana de escritos presentados por distintos grupos parlamentarios, PSOE, Unidas Podemos y Vox, que exigen tiempo al tribunal para estudiarlos, en particular la recusación de Unidas Podemos que considera que el presidente y Narváez tienen el mandato caducado.

Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver primero las recusaciones y ya después sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, que con esta decisión ve como no podrá evitar la aprobación esta tarde en el Congreso de la reforma legal.

Los populares presentaron este miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasaba por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal.

En ella solicitaban al Constitucional que se pronunciara antes del pleno de este jueves para que esas enmiendas no se pudieran aprobar en caso de que los magistrados atendieran su petición.

Vox ha seguido los pasos del PP y en un recurso de amparo registrado este jueves pide al tribunal de garantías suspender la tramitación de la proposición de ley de reforma del Código Penal y declarar su nulidad por haber sido incluido en el orden del día del pleno del Congreso.

Pero además, el grupo socialista y Unidas Podemos presentaron anoche sendos escritos en el Tribunal Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.

Los socialistas advierten de que una paralización del proceso legislativo "impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos" y para Unidas Podemos "es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F".