Después de la tormenta provocada por el proceso de investidura de Pedro Sánchez y las concesiones a los grupos independentistas catalanes y vascos, seguramente no venga la calma. Y no vendrá porque el agravio entre territorios suele despertar viejas reivindicaciones, incluso de autogobierno.
Hasta el momento, que sepamos, ningún movimiento separatista ha presentado un plan económico riguroso y previo al proceso que justifique la viabilidad de su separación sin necesidad de la ayuda del resto de los españoles. Ni tampoco hemos escuchado a nadie cifrar el quebranto que una decisión así ocasionaría a las regiones que sí seguirán bajo la unidad.
La veda ya se ha abierto y, además, bien cerca. El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha vuelto a demandar que la provincia sea declarada una comunidad autónoma independiente de Castilla y León. Una vieja reivindicación que demanda desde hace décadas la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y que también extiende a la de Zamora.
El regidor leonés sabe que, a río revuelto, es el momento de lanzar la caña en las aguas revueltas que caracterizan la actual legislatura, con la batalla territorial en ebullición. José Antonio Diez tampoco es de los que se callan. Conocido por sus sonados encontronazos con el ahora ministro de Transportes cuando este era alcalde de Valladolid, se sube de nuevo a un carro que, ciertamente nada tiene que ver con el separatismo que preconizan vascos y catalanes, pero que cuestiona la actual configuración de la España autonómica.
Toda pretensión es respetable, siempre que sea bajo el paraguas de la ley. Sin embargo, sería imprescindible presentar este tipo de reclamaciones junto a las correspondientes cuentas presupuestarias y criterios económicos. De lo contrario no deja de ser una bravuconada más, un mensaje efímero sin fundamento para el delite egocéntrico de quien lo vocifera, con el único anhelo de acaparar un protagonismo irrelevante.