Enresa hizo públicos los anuncios de las primeras licitaciones, para que las empresas comenzarán a prepararse con el fin de competir por contratos millonarios, hace ya un año y medio, en marzo de 2022. Hasta ahora se han formalizado las contrataciones de lo «imprescindible», como describen desde la empresa pública. Así, de la veintena de subcontratas que trabajaban en Garoña el pasado julio se ha pasado a más de treinta y «en los próximos meses» llegará una segunda oleada de licitaciones de gran envergadura. Entre ellas, destaca el contrato decidirá qué firma desarrollará durante dos años y medio la carga del combustible gastado en los contenedores y que, a falta de los últimos retoques, tendrá un presupuesto de alrededor de 30 millones de euros, como avanza Enresa a DB.

En este grupo de importantes contratos también destaca el que adjudicará «la ejecución de las obras más grandes de la primera fase, como la modificación eléctrica y mecánica y el desmontaje del edificio de turbinas». En este caso, la redacción del pliego de condiciones está en una fase más preliminar y aún no se puede adelantar el coste estimado de los trabajos. Los dos contratos citados habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros, con lo que un retraso en la formación del gobierno podría también repercutir en los plazos del desmantelamiento que maneja actualmente Enresa.

El desmontaje de las turbinas generará 4.000 toneladas de residuos radiactivos, casi el 70% de las 5.718 que se sacarán de la primera fase del desmantelamiento (2023-2026). De ellas, 2.000 terminarán en el almacenamiento de El Cabril (Córdoba) como residuos de media, baja o muy baja actividad, y las otras 2.000 se lograrán descontaminar y convertir en materiales convencionales, según las previsiones iniciales.

Durante los 42 años de funcionamiento de Garoña, el vapor del agua en ebullición que salía de la vasija del reactor con una gran carga de radiactividad accionaba la turbina de alta presión y las dos de baja presión para la generación de electricidad. De ahí que su desmontaje y troceado conlleve el manejo de piezas con carga radiológica. Pero «el objetivo de Enresa será tratar de descontaminar esos elementos y reducir su radiactividad de baja a muy baja intensidad o de muy baja a material convencional y ya desclasificado». Muchas de estas grandes piezas pasarán por un almacén que se construirá en la zona del helipuerto y donde se depositarán y descontaminarán al máximo antes de ser transportadas al almacenamiento de El Cabril,

El desmantelamiento de Garoña solo ha hecho que empezar y su coste final, sin contar la gestión del combustible gastado -contenedores, llenado de contenedores, Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI), etc.- alcanzará los 475 millones de euros, que salen en su totalidad del fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos con que cuenta Enresa y que ya reúne 7.000 millones. Desde 2010, este fondo se nutre solo de las aportaciones vía impuestos que realizan las nucleares en activo, con un desembolso anual de 450 millones.

Hoy, 280 trabajadores. Enresa prevé destinar 128 millones a obras en Garoña; 163, a operación y desmantelamiento; 44, a personal e impuestos; o 23, a suministros, entre otras grandes partidas. En el entorno de la planta, la generación de empleo es una de las cuestiones que más expectación suscita. En la actualidad trabajan unas 280 personas en la central. De ellas, 70 pertenecen a Nuclenor, que tras la firma de un acuerdo con Enresa mantiene su plantilla, ahora sufragada por la empresa pública para que se produzca una adecuada transferencia de conocimiento de quienes conocen al detalle las tripas de Garoña a sus nuevos responsables. Mientras, Enresa cuenta con 31 empleos directos y las empresas subcontratadas, con otros 180, que crecerán hasta unos 200 al finalizar el año. En 2024, se prevé que las contratas estables suban a 230 empleados y en 2025, a 250. Pero a todos ellos se sumarán los operarios de empresas que realicen trabajos puntuales, lo que podría elevar los picos de empleo a más de 400 personas.

Los empleados actuales proceden mayoritariamente del entorno. Enresa contabiliza un 37% de Miranda de Ebro; un 36% de Medina de Pomar; un 17%, del Valle de Tobalina; un 9% de Burgos; y un 1% de otras poblaciones. No obstante, aclaran que no se puede primar la contratación de trabajadores del área más próxima a Garoña, porque las empresas tienen libertad para conformar sus plantillas, y tampoco se podrá garantizar que sean empresas de Burgos las que trabajen en la central nuclear, puesto que los procesos de contratación son de libre concurrencia y optan a ella incluso firmas de otros países. Como ejemplo, Enresa recuerda que la segmentación de la vasija de Zorita fue ejecutada por una empresa de Suecia.