Un error en el procedimiento administrativo ha obligado al Ayuntamiento de Burgos a «anular» varias resoluciones en las que ordenaba la retirada de cerramientos de terrazas en viviendas cuya construcción, por parte de la Concejalía de Licencias, se considera ilegal. Si estos procesos ya son de por sí largos y tediosos, la obligación del Consistorio de rectificarse a sí mismo provocará que la restauración de la legalidad, en caso de haberse burlado, se dilate en el tiempo al tenerse que abrir nuevos expedientes en los que, ahora sí, se siga la hoja de ruta a la que obliga el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Esta situación se ha producido después de que un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, presentado contra una resolución del Ayuntamiento en la que se ordenaba la retirada de una terraza, haya motivado que el letrado municipal haya emitido un informe en el que se concluye que «no se ha cumplido el procedimiento legalmente establecido» y, por tanto, todas las resoluciones municipales que se han firmado en los últimos tiempos deben de ser «anuladas».
El problema viene dado porque se reconoce que no se ha tramitado un procedimiento contradictorio en los términos del artículo 343.4 del Reglamento de Urbanismo, en el que se dispone que se debe dar «audiencia a los interesados» para luego, en el caso de que los actos sean incompatibles con el planeamiento urbanístico, «disponer la demolición de las construcciones e instalaciones ejecutadas».
Cabe recordar que el Gobierno de coalición del PP y Vox se marcó entre sus objetivos al inicio de este mandato estrechar el cerco contra los cerramientos ilegales de terrazas tras años e incluso décadas de inacción. Una pasividad que ha hecho que este tipo de obras, al no haber sido perseguidas, hayan proliferado a lo largo y ancho de la ciudad. Hasta el punto de que no existe un cálculo ni tan siquiera aproximado de cuántas podría haber. Centenares con toda seguridad y probablemente incluso que miles.
El concejal de Licencias, Ignacio Peña, reconoce el contratiempo que se ha presentado con las resoluciones que se tienen que anular aunque al mismo tiempo asegura que la situación es reversible, ya que lo que se hará es retomar estos casos para tramitar de nuevo estos procedimientos siguiendo el cauce adecuado.
Años de pasividad. A lo largo de los últimos años, el Consistorio capitalino solo tomaba cartas en el asunto, en la inmensa mayoría de los casos, cuando se producía alguna denuncia de un particular que se había visto afectado por la construcción de un cerramiento de una terraza por parte de un vecino. Bien porque la estructura levantada le había 'robado' parte de las vistas, porque rompía con la estética del edificio o, sencillamente, porque era conocedor de que esa actuación iba en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).De un tiempo a esta parte lo que se haya hecho es comenzar a «actuar de oficio». Entre otras cosas, porque se entiende que no tiene que ser necesario que un ciudadano denuncie una situación de este tipo para que la Administración actúe.
Los presuntos infractores suelen ser plenamente conscientes de que no pueden construir cerramientos de este tipo, ya que lo habitual es que en el Ayuntamiento no se presente una declaración responsable en la que se comunique lo que se va a hacer. Básicamente porque se conoce cuál va a ser la respuesta: la imposibilidad de realizar obras, ya que contravienen lo que marca el PGOU.
La falta de medios y una situación que se ha descontrolado con el paso de los años permite pronosticar que el Ayuntamiento no podrá corregir todas las irregularidades y ordenar el desmantelamiento de todas las terrazas ilegales. Eso sí, lanza el mensaje de que ha empezado a sancionar.