La Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la condena por homicidio imprudente a un empresario al que se le considera criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores al no facilitar las medidas de seguridad necesaria que hubiesen evitado el fallecimiento de uno de sus empleados, que se precipitó al vacío cuando estaba trabajando en el arreglo de la cubierta de una nave ubicada al pie de la carretera N-I, en el término municipal de Fuentespina. Esta sentencia mantiene los mismos términos que la emitida por el Juzgado de lo Penal, cuyo dictamen recurrió el acusado.

Los hechos se remontan al 20 de febrero de 2017, cuando el fallecido se encontraba con un compañero llevando a cabo las labores necesarias para cubrir unos lucernarios del tejado, para lo que estaba subido a un andamio que, según la sentencia, estaba «anclado a la nave de manera irregular e insegura», circunstancia por la cual, entre otras, considera el Tribunal que motivó la caída del trabajador, que falleció a causa de este accidente laboral.

La condena al empleador consiste en dos años y seis meses de prisión por el delito de homicidio cometido por imprudencia grave, junto con la inhabilitación durante ese periodo para la profesión u oficio de contratista y constructor, además de una indemnización de 616.292 euros para la familia del finado, su mujer, sus cinco hijos, su madre y sus seis hermanos, cantidad de la que debe responder la compañía aseguradora Mapfre en calidad de responsable civil, hasta un límite de 150.000 euros, mientras que el resto lo tendrá que abonar la mercantil Sinteticastilla SL, de la que era administrador único el ahora condenado, como responsable civil subsidiario.

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