Puede ser la observación del profesor, la alerta de las familias al detectar un cambio de comportamiento en su hijo, como no dormir bien o no querer ir al colegio, o el propio entorno de la víctima los que suelen dar la voz de alarma al sospechar de un posible caso de acoso escolar. En ese momento se activa el protocolo, se investiga la situación y se ha habla con las partes implicadas tanto de forma separada como conjunta. Para confirmarse deben darse tres circunstancias: intencionalidad, es decir que se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima; repetición, agresión constante y prolongada en el tiempo; desequilibrio de poder, entendido en un contexto de desigualdad de poder tanto físico como psicológico y social, e indefensión.

El primer paso es la protección de la víctima y la adopción de medidas concretas para que cese «de inmediato» la conducta hostil, tal y como explican responsables docentes. «Se intenta aportar tranquilidad y respaldo al alumno acosado», remarcan desde un instituto de la capital, recordando en este sentido la posibilidad que ofrece la Consejería de Educación para que cuente con ayuda psicológica. La actuación se produce de forma inmediata y si se confirma el caso se procede a la apertura de un expediente al supuesto agresor, con quien se trabaja la reeducación para que pueda llegar a modificar su comportamiento.

Las situaciones más complicadas se suelen dar en segundo y tercero de la ESO y desde estos centros se asegura que una parte importante de los conflictos «suele venir heredados» de los colegios, decreciendo a medida que avanzan los cursos de Secundaria. La protección es siempre «prioritaria» y las medidas terapéuticas se completan con otras educativas como trabajar la asertividad y reforzar la autoestima. 

Cada caso tiene un seguimiento desde el centro para ver si va camino de la solución y acaba revirtiéndose, y «si ya se habla de comportamientos denunciables hay que recurrir a la Justicia». Por su parte, el régimen sancionador varía dependiendo de la gravedad, con medidas que van desde la expulsión unos días hasta la privación de asistencia a clases, cambio de grupo o de centro.