El nuevo alcalde pedáneo de San Martín de Losa, Patxi Joseba Pérez, se ha encontrado la junta vecinal, que presidió Benedicto Vadillo durante más de dos décadas, en «bancarrota» y con una «situación de bloqueo económico absoluta» que podría llevar a tomar la decisión de disolver esta entidad local menor. Cuando accedió al cargo solo pudo disponer de las dos cuentas bancarias de la pedanía donde había unos 300 euros. Ningún documento sobre el pueblo ha llegado a sus manos y solo ha podido tener acceso a los extractos de las cuentas bancarias, así como a la información que le han facilitado el Ayuntamiento del Valle de Losa, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Estas instituciones han acreditado que el pueblo ha ingresado 170.385 euros desde 2015 por subvenciones, transferencias corrientes y aprovechamientos del monte, pero la junta vecinal solo ha podido encontrar pagos a una sola empresa cercanos a 74.000 euros por diversas obras, mientras que desconoce y carece de justificantes que acrediten en qué se gastó el resto del dinero público recibido por San Martín de Losa.
Lo que sí tiene ya en sus manos son las innumerables notificaciones judiciales por pleitos abiertos contra la pedanía por impago de deudas a empresas. Solo Iberdrola le reclama 40.000 euros por dejar de pagar las facturas del alumbrado público o del bombeo del agua desde hace años, según ha explicado a DB, el actual alcalde. Otras notificaciones judiciales están relacionadas con demandas contra la gestión del exalcalde, quien no terminó la pasada legislatura, al quedar inhabilitado para cargo público por una sentencia dictada en agosto de 2016 que le condenó por un delito contra los derechos cívicos. La inhabilitación fue efectiva en abril de 2018, tras lo cual fue sustituido por Fernando Vadillo.
SIN APOYO
La deuda que las empresas reclaman en los juzgados asciende a 130.000 euros, mientras que la situación se viene a complicar aún más después de que la Diputación Provincial, les haya notificado que se les denegará cualquier subvención hasta que devuelvan los 11.289 euros que se le ingresaron a la junta vecinal por los planes provinciales de 2017 2018. El exalcalde no presentó ante la institución provincial justificante alguno del gasto de este dinero, lo que implica un incumplimiento de sus obligaciones. Pero el dinero no está en las cuentas del pueblo.
Patxi Joseba Pérez lamenta que «la Diputación Provincial no nos plantea ninguna solución», a pesar de la difícil y excepcional situación con que se ha encontrado la nueva junta vecinal. En caso de que las deudas la ahogaran por completo y se disolviera, será el Ayuntamiento del Valle de Losa el que posiblemente tendrá que afrontar los pagos. No obstante, Pérez avanza que el Ayuntamiento ha mostrado su disposición a realizar un adelanto de las transferencias corrientes que realiza a la pedanía, de entre 2.000 y 3.600 euros al año. Aún así, considera que «las instituciones no están colaborando con nosotros».
Otras situaciones de bloqueo vienen dadas el embargo de los ingresos por pastos del monte, que cada año se van a derivar automáticamente al pago de deuda a una empresa. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ya está llamando también al orden a la junta vecinal y le reclama las cuentas de 2017 y 2018. El alcalde de San Martín ha remitido al Tribunal de Cuentas la poca información de que dispone.
En los extractos bancarios se pueden observar salidas de dinero de las cuentas sin concepto alguno o con indicaciones, como «gastos presidencia». Solo en 2015, las retiradas de efectivo en concepto de gastos de presidencia suman 7.100 euros, según ha podido comprobar la actual junta vecinal. DB ha tratado sin éxito de localizar a Benedicto Vadillo, mientras que su sustituto en 2018 y 2019, Fernando Vadillo, se negó a hacer declaraciones a DB.
EL FISCAL PIDE 11 AÑOS PARA EL EXALCALDE POR DOS DELITOS
El exalcalde de San Martín de Losa, Benedicto Vadillo, no solo terminó la pasada legislatura inhabilitado para cargo público tras ser condenado por un delito contra los derechos cívicos, sino que también estaba inmerso en otras causas penales por su gestión. La que podría acarrerarle mayores consecuencias fue presentada en 2013 por la Asociación de Amigos de San Martín de Losa y aún está sin juzgar. El fiscal solicita para el exalcalde 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por el delito de estafa cometido por autoridad, y otros 5 años de prisión y 8 de inhabilitación por el de malversación, así como la devolución de 30.682 euros a las cuentas de la pedanía. En septiembre de 2017, el Juzgado 1 de Villarcayo emitió una orden de búsqueda y detención de este hombre, quien fue detenido en octubre de ese año para ser trasladado al Juzgado a recoger las numerosas notificaciones judiciales que había esquivado durante mucho tiempo. Entre ellas estaban las acusaciones del fiscal y de la asociación demandante, así como el requerimiento del juzgado de que debía prestar una fianza de 59.862 euros ante posibles responsabilidades económicas.
La que sí se celebró en octubre fue otra vista en el Juzgado de lo Penal 3 de Burgos por otro presunto delito contra los derechos cívicos, por el que el fiscal le pide 2 años de inhabilitación y la acusación particular, un total de 10, al considerarlo prevaricación. La sentencia aún no ha salido.