El dudoso escenario de gobernabilidad que se viene planteando desde la celebración de las elecciones generales del pasado domingo está teniendo algunas consecuencias que bien merecen una reflexión.

No todo vale en política, y mucho menos para un país en el que se quiere hacer bandera de las decisiones verdaderamente democráticas como eje sobre el que se vertebra la nación, más allá de la diferencia de pareceres en algunas decisiones, que finalmente viene a resolver el Tribunal Constitucional como entidad jurídica que salvaguarda la Carta Magna.

En este sentido, parece una tropelía que Vox venga apelando al transfuguismo de algunos diputados socialistas para un hipotético apoyo al líder popular Alberto Núñez Feijóo para la sesión de investidura a la que el ganador en votos y escaños de las elecciones mantiene su intención de presentarse.

Más allá de los planteamientos extremistas de esta formación, no parece que sea lo más conveniente arrancar una nueva legislatura desde una situación tan anómala como la que planteaba de buscar entre afines a Guillermo Fernández Vara y a Emiliano García-Page, barones socialistas que durante estos últimos años han mostrado posiciones críticas ante algunas polémicas decisiones de Pedro Sánchez, «cinco o seis diputados socialistas buenos» que facilitaran la entrada del Partido Popular en La Moncloa. El transfuguismo es un asunto muy serio que ha dejado debilitada tanto la democracia como las instituciones, de lo que ha habido que sobreponerse. Se acaban de cumplir los veinticinco primeros años de lo que se llamó «Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales», refrendado en julio de 1998 por trece de los partidos de aquel momento. En los años 2000, 2006 y, más recientemente, en 2020, se ha renovado este pacto con varias adendas, ampliando el número de partidos que lo han ratificado hasta dieciséis formaciones en la actualidad, que suscribieron la última propuesta, entre las que están la mayoría de los partidos que se han presentado a las elecciones, y donde no está, precisamente, Vox.

Entrar en el juego democrático es también formar parte de estos pactos de Estado porque contribuyen al interés general, ya que aporta una perspectiva ética a uno de los problemas que se ha dejado en el desarrollo del día a día de las instituciones. 

La deslealtad que supone el transfuguismo, tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditaron no ser merecedora de ella, como hacia los electores que emitieron su voto convencidos de que un representante iba a defender un papel, ha dañado a las instituciones en un momento en el que lo que hay que hacer es fortalecerlas y hacerlas más robustas.