Satisfación contenida. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, volvió de Madrid con cara de satisfacción tras haber conseguido introducir otra enmienda al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el Senado, que aprobó ayer el dictamen. Con ello, junto a los cambios recogidos anteriormente en el Congreso de los Diputados, culmina una ley «sensible a los ciudadanos del mundo rural» y que cumple el 90 por ciento de las demandas realizadas desde la Junta.

De Santiago-Juárez, que intervino en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, aseguró que «no tenemos miedo a gestionar, pero queremos que las competencias vengan bien valoradas», y por ello recalcó las palabras del ministro Montoro, quien manifestó que, tras la reforma tributaria, «se dará pie a la revisión del modelo de financiación autonómica y local» así como a la enmienda del PP para vincular los traspasos de competencias sociales que ejercen los municipios a las comunidades.

El consejero respaldó también la aseveración del ministro de que el Gobierno va a impulsar que las comunidades autónomas deleguen servicios sociales a las corporaciones locales con garantías de financiación. «Los servicios sociales salen reforzados si se potencian desde la administración más cercana», indicó Montoro.

«Es un camino complicado», reconoció el consejero, al explicar que primero se transfiere a las autonomías la educación, sanidad y servicios sociales que prestan ahora los ayuntamientos, en los plazos de dos y cinco años, y después se inicia la delegación a los municipios de esos mismos servicios.

El consejero de la Presidencia destacó que «se proteja» a las entidades locales menores, ya que no serán disueltas en el caso de que ellas cumplan en sus cuentas y el ayuntamiento al que pertenecen no lo haga. Esta variable se suma a la enmienda recogida en el Congreso para ampliar de tres meses a un año el plazo para la rendición de cuentas.

Enmienda. De esta forma, el Gobierno vinculará las competencias en educación, sanidad y servicios sociales que ahora prestan las corporaciones locales y que en dos y cinco años pasarán a las comunidades autónomas a la revisión del modelo de financiación autonómica y financiación local, que se iniciará en 2014, de forma acompasada, después de la reforma tributaria.

El texto se plasmará en una enmienda del Grupo Popular en el Senado tras la negociación mantenida con el Ministerio el pasado lunes, que recoge las aspiraciones planteadas por la Junta, según explicó el senador y portavoz del grupo, Antolín Sanz, quien afirmó que la financiación es clave para el mantenimiento con calidad de competencias en educación, sanidad y servicios sociales que ahora prestan los municipios.

La novedad radica en la vinculación del traspaso de esas competencias a los modelos de financiación autonómica y local, si bien se mantienen los plazos que vía enmienda del PP ya se introdujeron en el Congreso, de dos años para los servicios sociales (proximidad y centros residenciales) y de cinco para los consultorios médicos, cuyo mantenimiento se coordinará por las diputaciones a través de convenio. El mantenimiento, conservación y seguridad de colegios ya se asoció en la ley a la financiación autonómica.