María Teresa Gallego, que entre 2009 y 2019 fue gerente del Colegio de Abogados de Burgos y que terminó despedida tras detectarse que supuestamente desviaba fondos a cuentas de su propiedad y de su hermano Juan Antonio, es una de las candidatas de la bolsa de interinos secretarios interventores para ayuntamientos de la provincia. Su puesto en la lista, número 5, la permite obtener la plaza vacante del consistorio de Merindad de Montija. Esto significa que, salvo renuncia de última hora, ostentará el cargo a partir de la próxima semana. Está acusada de apropiación indebida y falsedad documental y se enfrenta a penas de hasta 12 años de prisión. Está a la espera de juicio en la Audiencia Provincial. 

La Dirección de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, se puso en contacto con Gallego hace unos días para anunciarle que debido a su puesto en la lista de integrantes disponibles de la bolsa de empleo, era la candidata para obtener el cargo de secretaria interventora del Ayuntamiento de Merindad de Montija, que se compone de 18 pueblos y que cuenta con un presupuesto aproximado de un millón de euros. 

La función de un secretario interventor es fundamental en la gestión administrativa de cualquier entidad local. Principalmente, es quien se encarga de las labores de  fe pública, asesoramiento legal y la fiscalización de la gestión económico financiera (tesorería, recaudación y contabilidad). 

 Según ha podido saber este periódico, Teresa Gallego se ha puesto en contacto con el alcalde de la localidad para manifestarle su intención de aceptar el cargo (de no hacerlo pasaría al último lugar de la lista de integrantes) e incorporarse la semana que viene. 

Todo esto mientras en la Audiencia Provincial siguen resolviendo recursos presentados contra el procedimiento que pretende sentarla a ella y a su hermano, el empresario hostelero Juan Antonio Gallego,  en el banquillo de los acusados. Ambos fueron procesados por el supuesto desfalco de 340.000 euros en el Colegio de Abogados durante casi una década (840.900, según defienden los letrados). 

Las acusaciones coinciden en que Gallego aprovechó sus responsabilidad al frente de la gestión económica del órgano colegial para realizar «transferencias de cantidades que no le eran debidas por ningún concepto a cuentas propias, disposiciones en efectivo para su propio beneficio y confeccionó documentación con datos no veraces de la contabilidad». Fiscalía y Colegio de Abogados detallan disposiciones en efectivo en su propio beneficio, así como diferentes transferencias a cuentas cuya titularidad era la sociedad mercantil Camino Mirabueno, constituida por la acusada y su madre, la cual también figura en otros depósitos corrientes a los que, presuntamente, desvió fondos.

Las cantidades que recogen  van desde los 190 euros a los casi 60.000. Constan, además, transferencias realizadas a una cuenta bancaria cuya titular era su sobrina. Por otro lado, libró cheques al portador para pagos a Correos, si bien se quedó con la diferencia. Igualmente recoge diferentes cargos al Colegio de Abogados para compras, suscripciones y contratos de telefonía que efectuaba para ella o para personas de su entorno. En este caso fueron 2.368, 62 euros.

Con respecto a Juan Antonio Gallego, quien se enfrenta a cuatro años de prisión, el Ministerio Público tiene claro que era quien realmente gestionaba la cuenta a nombre de su hija en la que Teresa ingresó la cantidad de 6.556,20 euros en varias transferencias comprendidas entre 2016 y 2019. Los abogados aseguran que «ha venido colaborando de manera decisiva» con su hermana, «aportando una conducta sin la cual no hubiera distraído los fondos». El hermano de la exgerente figura en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, publicada a fecha de junio de 2024, con una deuda de 987.616 euros.