En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra E.P.J., el osteópata de 58 años afincado en Quintana de Valdivielso, acusado del delito de abusos sexuales sobre ocho mujeres y de agresión sexual sobre otras dos, las respuestas que ha dado el representante del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Antonio Martín Largo, no han dejado mucho espacio a las dudas, aunque aún queda por escuchar la versión del acusado. A preguntas del abogado del colegio y del juez, este profesional ha reiterado esta mañana que una introducción de los dedos en la vagina es "absolutamente inapropiada e inadecuada" y solo se precisa en casos muy específicos para "resolver problemas ginecológicos o sexuales de la mujer", pero todo apunta a que nada las hacía necesarias en el caso de las dos mujeres, madre e hija, que ayer, lunes, aseguraron haber sufrido esta situación a manos de E.P.J, como indicaron en sus denuncias.

El testigo también ha explicado, al ser preguntado sobre si es necesario tocar los pechos en algún caso, que "el masajeamiento de una glándula en los manuales de fisioterapia viene contraindicado", salvo en situaciones excepcionales, como el drenaje linfático o los casos de mujeres que han padecido un cáncer de mama. El juez, que ha ido más al detalle y se ha interesado por qué técnicas se deben de realizar para eliminar la retención de líquidos, que varias de las denunciantes señalaban como la motivación que el acusado les daba para explicar sus manipulaciones, preguntó directamente si sería necesario masajear los pechos y la respuesta fue nuevamente que no.

En la sesión de hoy han declarado por videoconferencia otras cuatro denunciantes de abusos sexuales y entre ellas se encontraba la mujer catalana, de 52 años, que presentó la primera denuncia en febrero de 2020 y que llevó a la Guardia Civil a hacer un llamamiento a posibles víctimas. Esta petición de las fuerzas de seguridad junto con el sentimiento de solidaridad y de apoyo con esta primera denunciante que muchas otras mujeres dijeron sentir tras haber pasado por sesiones de osteopatía con el acusado, conllevaron la cascada de denuncias por hechos ocurridos entre 2016 y 2020. El fiscal pide para el acusado, que lleva dos años y medio en prisión provisional, una pena de 29 años y medio de prisión, a razón de 2 años por cada abuso sexual y 6 por cada una de las dos agresiones sexuales, más 18 meses por el delito de intrusismo profesional. La acusación particular, que comparten las diez mujeres, eleva aún más las penas hasta superar los 34 años de petición.

(Más información sobre el juicio al osteópata de las Merindades, en la edición impresa de Diario de Burgos de mañana miércoles)