El fango en que se ha convertido la política en España ha costado vidas y haciendas en la mayor catástrofe sufrida en mucho tiempo. Los políticos no han estado a la altura, pero ya habrá tiempo de atribuir responsabilidades de unos y otros. Queda esperar que ahora, en el tiempo de las ayudas, éstas lleguen en tiempo y forma para que los miles de damnificados puedan empezar a reconstruir una vida rota por el dolor y la devastación. Veremos si están a la altura. De momento, lo primero que hay que tener en cuenta es que no estamos en la pantalla de la pandemia.

Lo que ha ocurrido es otra cosa. No son negocios cerrados, ni gente encerrada en su casa. Son casi 55.000 comercios, naves y oficinas que han desaparecido, cientos de viviendas destruidas o que habrá que derribar por seguridad y centenares de miles de coches que han quedado siniestro total. Como ya están advirtiendo los expertos económicos no se trata de ERTE o de cese de actividad en el caso de los autónomos o que la ministra de Trabajo amenace a los empresarios o prohíban los despidos. ¡Señora Díaz, si no hay dónde ir a trabajar!

Desde la Comunidad Valenciana ya el lunes se ha elaborado un plan de 136 medidas con un coste aproximado de 31.400 millones de euros, cantidad prácticamente idéntica a su presupuesto anual. El Gobierno de España, por su parte, anunció el aplazamiento del segundo pago del IRPF que vencía ayer y los bancos pactaron conceder moratorias de 3 meses ampliables para hipotecas y créditos a micropymes y autónomos.

Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un primer plan de 10.600 millones de euros de ayudas directas. Se cubrirán los gastos de los ayuntamientos al 100%, hasta 60.000 euros por vivienda y 10.300 euros para muebles y electrodomésticos. Entre otras medidas, se aplaza el pago del Impuesto de Actividades Económicas y se crea una línea de avales ICO por 5.000 millones para familias, pymes y autónomos, con un primer tramo de 1.000 millones.

La cuestión ahora es si todas estas ayudas millonarias son suficientes y si se darán de forma ágil, sin la burocracia y la lentitud que se ha visto en otras ocasiones. El Gobierno tiene los medios. Esperemos que en esta terrible catástrofe la gestión sea diferente y los afectados puedan lo antes posible encauzar sus vidas.