Los servicios se están prestando con normalidad, pero no es lo mismo que estén regulados por un contrato a que se haya caducado y se tengan que abonar mediante reconocimientos extrajudiciales de créditos. En el primer caso se tramitan las facturas mes a mes y se abonan de manera más rápida que en el segundo al tener que pasar por numerosos trámites para que tengan el mismo efecto. Ello repercute en las empresas o las asociaciones que los prestan al cobrar más tarde y también en las arcas públicas al tener que abonar intereses por esos retrasos si hay reclamaciones judiciales. 

El Ayuntamiento de Burgos tiene caducados al menos una treintena de contratos, algunos desde hace varios años y otros de manera más reciente, por los que de enero a septiembre se ha pagado cerca de 9 millones de euros. La concejala del PSOE Dolores Ovejero les ha ido recopilando tras comprobar las actas de las juntas de gobierno. 

La peor situación se vive en la Gerencia de Servicios Sociales al afectar a prestaciones de gran importancia como el servicio de formación y empleo (SEFE) para las personas más desfavorecidas, que presta la Fundación Lesmes; el servicio de urgencia social (SUS) que atiende en el horario en el que no pueden hacerlo los servicios sociales y que gestiona la misma institución desde 2011. 

Desde agosto de 2019 está caducado el contrato con la Fundación Lesmes para la gestión del programa dual de realojos de personas que viven en chabolas o infraviviendas, al igual que la del centro de integración social (Ceis). Su complejidad al gestionar pisos en el primer caso y un edificio con unas características muy concretas en el segundo ha hecho que las diferentes corporaciones no hayan podido afrontar su renovación como reconoce la concejala socialista Sonia Rodríguez. La idea era hacer un concierto en lugar de un contrato como establece la Ley de Contratos del Estado, pero la necesidad de que la normativa tuviera un desarrollo autonómico que no llegó hasta 2022 impidió afrontarlo en el mandato anterior. Sí se pudo suscribir con Cáritas para la gestión del albergue de transeúntes, que tienen una vigencia hasta 2035. 

También se han tenido que abonar con reconocimientos extrajudiciales de créditos servicios como el 010 de información y atención ciudadana, caducado desde 2021 aunque ahora acaba de salir a concurso, así como la explotación de la ORA caducada desde junio de 2023, que se ha convocado el nuevo este año y hay una propuesta para dárselo a la misma firma. 

La caducidad también alcanza al servicio de comida a domicilio, al de parques y jardines, telefonía, conservación de bancos de madera o los programas de envejecimiento activo. Preocupa especialmente el de los cívicos al concluir el 8 de noviembre.