Hace un par de días, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa Conde reconocía en las páginas de este periódico que hay juzgados con una sobrecarga de asuntos insostenible. Los de Burgos, especialmente determinadas jurisdicciones, están en esta situación a tenor de los últimos datos publicados por el propio órgano de gobierno de los magistrados. El número de asuntos está en cifras récord y, pese al esfuerzo para resolver en tiempo y forma, la tasa de congestión apenas varía con respecto al año anterior. Una situación que evidencia la necesidad un plan de choque o medidas para mejorar los tiempos de respuesta. 

Según dichos datos, hasta el mes de junio los juzgados burgaleses han ingresado 12.499 asuntos y se han resuelto 11.435. En trámite al final del periodo son 26.310, un millar más que al inicio y casi 5.000 más que hace un año, lo que equivale a una media de 730,83 por órgano judicial. Los penales, los sociales y mercantil son los que peor tasa de congestión presentan. 

En cuanto a los juzgados penales, se está señalando para el invierno de 2025 y el número de asuntos no para de crecer en los últimos años. Eso sí, las resoluciones cada vez son más elevadas y se contiene al menos el aluvión de procedimientos. En la Sección Primera de la Audiencia Provincial, también especializada en este orden, la situación es algo más complicada porque ya se cita para la primavera de 2026. Hay un mal que afecta especialmente a estas unidades judiciales, que son las suspensiones de vistas, las cuales rondan aproximadamente el 50% de las que llegan a sala. El lunes mismo, se canceló un juicio que debía durar diez días y que tendrá que volverse a agendar.

A pesar de que la Sala de Gobierno del TSJCyL ha solicitado en varias ocasiones un sexto juez para la Audiencia y así permitir que la Sección Primera se desdoble, el Servicio de Inspección del Poder Judicial ha informado de manera desfavorable hasta en tres ocasiones. Y lo mismo en el caso de la incorporación de un magistrado para ejecución de sentencias de los penales. 

En los juzgados sociales siguen los mismos problemas que hace ya muchos años. Y eso que cuenta con una magistrada de apoyo desde hace tiempo que ha permitido contener el absoluto colapso que padece.Sin embargo, las titulares han expuesto una y otra vez la necesidad de crear un cuarto juzgado en la provincia para poder dar respuesta a la gran cantidad de asuntos que soporta. Pero el Ministerio tampoco ha atendido las demandas pese a que su anterior secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, aseguró que sí se crearía. 

En el caso de Mercantil, la situación es algo complicada no tanto por el volumen de asuntos que maneja, pues entra dentro de la normalidad más absoluta, sino porque en los últimos años no ha tenido un juez titular, sino que ha ido cambiando por diferentes razones. Se trata, además, de una materia muy específica que requiere de una gran especialización. Tiene, en este caso, la tasa de congestión más elevada de toda la provincia. 

Se da la circunstancia de que los concursos de acreedores no son tan numerosos en el caso de las empresas, pese a que todos los vaticinios de hace un par de años tras superar la crisis de la covid-19 así lo apuntaban. La cuestión es que hay un aluvión notable de procedimientos de la ley de segunda oportunidad. En lo que va de 2024, ya se han presentado 60, el triple que hace un año. 

En su momento, también se solicitó un segundo juzgado de Mercantil para Burgos, algo que también se rechazó desde Justicia. A día de hoy, no parece que se vaya a retomar la petición dados los niveles que soporta.