La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tiene en su poder una denuncia de 30 folios en la que UPyD señala a los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja de Burgos del año 2010 como presuntos responsables de un delito de administración desleal. Además, amplía sus miras hacia «todos aquellos que durante la labor instructora resulten eventualmente responsables de los hechos, inclusive aquellos administradores de hecho o de derecho y directivos de la mencionada Caja, el Gobierno de Castilla y León y cuantas personas pudieran tener responsabilidad en tales hechos».

El cuerpo principal del escrito se refiere a las «operaciones de crédito, aval o garantía a favor de sociedades controladas» por el entonces presidente, José María Arribas, y que se concedieron entre 2005 y 2010 a sociedades «de las que éste era partícipe en cuantía superior al 10%». Según el detalle de dichas operaciones, se firmaron 45 líneas de financiación, préstamos, créditos ICO o avales  por un valor total de 34,2 millones de euros, tal y como ya avanzó este periódico en su edición del miércoles.

Esas cantidades equivaldrían, siempre según UPyD, al 93,86% de todas las operaciones de Caja de Burgos con miembros del Consejo de Administración. Además del volumen, la denuncia insiste en que esos préstamos se firmaron en condiciones que «para nada se corresponden con los precios de mercado, sino que son mucho más ventajosas», lo que podría haber generado a Arribas un beneficio, con respecto a operaciones del mismo calado y en el mismo periodo de tiempo, de «1.300.000 euros».

En segundo lugar se hace hincapié en que la situación económica de algunas de las empresas que recibieron el dinero ya era crítica en aquellos momentos, y citan el ejemplo de Indasa, «que vino presentando pérdidas desde el año 2008» y «no ostentaba bienes inmuebles con los que pudiera prestar garantía alguna».

Por último, se refleja que «no consta la expresa autorización de la Consejería de Hacienda» a esas operaciones, algo que «es preceptivo por tratarse de cantidades que han sido prestadas a empresas vinculadas a un miembro del Consejo de Administración». Por lo expuesto, UPyD sintetiza que «todo lleva a pensar que estos créditos, por su importantísima cuantía, por su alta frecuencia, por sus condiciones claramente fuera del mercado y por la falta de garantías para su concesión (...) se conceden en razón de la persona que resulta directa o indirectamente financiada asumiendo Caja de Burgos un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y sus impositores».

Dietas ‘irregulares’

La otra causa relevante de la denuncia, aunque las cifras no son siquiera aproximadas, está vinculada al presunto cobro de comisiones contrarias a los estatutos de la entidad, que recogen que los miembros del Consejo únicamente podrán cobrar las dietas previamente establecidas por su asistencia a las reuniones del órgano o por desplazamientos.

Por contra, UPyD recoge que hubo dos pagos, uno en febrero de 2011 y otro en junio del mismo año, en concepto de «participación en los trabajos de organización, preparación, coordinación y control de las funciones desarrolladas en Banca Cívica». Los beneficiarios de esos pagos fueron el propio Arribas (61.056 euros en total), Emilio Jordán (26.922), Ángel Ibáñez (24.286)  y Ángel Calvo y Julio Roberto González, que eran el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Control Y que cobraron una cantidad residual (1.170 euros).

Precisamente a este órgano se alude en varias ocasiones, ya que se pide a Fiscalía que compruebe si los créditos citados anteriormente «fueron aprobados debidamente por la Comisión de Control» y se matiza que ésta «había asumido además las funciones de comité de auditoría». Lo curioso es que en ese organismo, y en aquellos años, estuvo presente el ahora portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso.

«Personalmente no creo que esté implicado, pero estaba allí y estoy seguro de que podrá dar las explicaciones oportunas», admitió Rafael Delgado, responsable regional de los ‘unionistas’. Javier Ojer, coordinador local de la formación, abundó en que Alonso «estará dispuesto a dar las explicaciones oportunas». Precisamente para que el caso no salpique a gente que no tenga relación reseñable con los hechos, ambos pidieron a la Fiscalía que «actúe en el mínimo tiempo posible».

Por último, y en referencia a las dietas mencionadas, se valora que «son ajenas al sistema de dietas previsto estatutariamente, son opacas y no constan en la información de gobierno corporativo ni en las auditorías de la entidad». Como posibles diligencias a instruir UPyD propone que se tome declaración a Arribas, a la administradora concursal de Indasa y al economista auxiliar del concurso, del que recomienda recabar el informe.

De la Junta de Castilla y León pide que se remitan los acuerdos aprobando los créditos y de CaixaBank, como sucesora del negocio financiero, la relación de las operaciones, las actas del Consejo de Administración, los expedientes de riesgos y las actas de la Comisión de Control. En último termino sugiere que se solicite directamente al Banco de España un estudio de las condiciones financieras de los préstamos concedidos.