La presencia en la comarca de profesionales dispuestos a acudir a sofocar un incendio viajando en medios aéreos se extenderá a todo el año gracias al nuevo contrato que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha licitado para los ejercicios de 2025, 2026 y 2027. Las llamadas cuadrillas helitransportadas ya no desaparecerán durante cuatro meses, como venía ocurriendo hasta ahora, y la base aérea de Navas en Medina de Pomar contará con doble turno de trabajo, es decir, con dos cuadrillas operativas cada día, desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre y no solo del 1 de julio al 30 de septiembre, como marcaba el contrato vigente entre de 2021 a 2024.
Los periodos de «peligro alto» se venían ampliando solo si obligaba la climatología y a golpe de órdenes. Lo mismo ocurría con el equipo que trabajaba fuera del periodo estival y que se contrataba un máximo de cuatro meses en función de «las condiciones de peligro» y ahora pasará a ocho. El nuevo contrato, al que las empresas del sector pueden optar hasta el día 28, establece ya de base los 4 meses de peligro alto, uno más que el anterior. En esos momentos, habrá siempre dos turnos de trabajo diarios en Navas y en cada uno de ellos un equipo compuesto por un técnico y seis peones especialistas. El resto del año, es decir, entre enero y mediados de junio y entre mediados de octubre y diciembre, quedará estable con base en Navas una cuadrilla helitransportada formada por un capataz y cuatro peones especialistas que trabajarán un solo turno al día, de tal modo que cuando se produzcan los incendios invernales, como el ocurrido en febrero en el área del Castro Valnera, habrá más medios en la comarca.
Este incremento de jornadas de trabajo en la lucha y prevención de incendios conllevará que la Junta de Castilla y León pase de gastar los poco más de 400.000 euros anuales que se destinaron a esta contratación en los ejercicios de 2022 y 2023 a los 787.000 euros previstos para 2025 o los 800.559, para 2026.
Bomberos forestales. Pese a todo, en el sindicato Comisiones Obreras se muestran críticos, aunque aplauden los avances que aseguran son fruto del acuerdo de diálogo social logrado con la Junta de Castilla y León tras los pavorosos incendios de la Sierra de la Culebra, que causaron cuatro muertes y calcinaron el 10% de la superficie forestal de Zamora en el verano de 2022. Desde CCOO, cuyos portavoces aseguran que fueron «los más beligerantes» en aquellos días en defensa de la mejora de los equipos y condiciones de los profesionales forestales, recuerdan que este mes está prevista la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Bomberos Forestales, que obligaría al gobierno castellanoleonés a convertir a estos peones en la figura de bombero forestal. De ser así, como explican desde CCOO, no podrían combinar su tarea de extinción de incendios con trabajos de tratamientos silvícolas o adecuación de caminos forestales, entre muchos otros, y deberían pasar a depender de la Administración regional o una empresa pública, frente al modelo actual en que la Junta licita la contratación de estos equipos de trabajo y los deja en manos del sector privado.
«Hemos logrado lo importante, que trabajen más tiempo, pero ahora toca luchar por convertirlos en empleados públicos», sostiene Ernesto Angulo, secretario general de Administración Autonómica en el sindicato. En comunidades, como Cantabria o Galicia ya existe la figura de bombero forestal, pero en Castilla y León «tenemos el peor operativo contra incendios forestales del Estado y los trabajadores peor pagados» termina.