Aunque el concejal de Movilidad, José Antonio López, explicó esta semana que en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) no tuvieron conocimiento de que Prepay se estaba quedando con la recaudación de las tarjetas de autobuses hasta el mes de abril, momento en que un hackeo informático imposibilitó las recargas durante varios días, este periódico ha tenido acceso al contenido de un informe emitido por la jefa de Tráfico el 27 de febrero en el que se dejaba ya constancia de que «no se ha ingresado el importe correspondiente a las recargas efectuadas durante la segunda quincena del mes de enero». Es decir, desde el inicio del nuevo contrato.
Este informe constata que en el servicio se tenía constancia de esta situación desde febrero y que no fue hasta el 8 de abril cuando el consejo de administración del Smyt acordó el inicio del procedimiento de imposición de penalidades y el requerimiento para el abono de la deuda. Un expediente, por cierto, que ha estado abierto durante meses, que no se ha cerrado y que no ha dado ningún resultado ya que durante este tiempo la firma aragonesa ha ido quedándose con más dinero de la recaudación.
Existe otro informe, en este caso del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería y con fecha 30 de septiembre, que da cuenta del cúmulo de despropósitos que han rodeado a este caso. Detalla que no fue hasta el 7 de agosto cuando «se recibió en esta Tesorería Municipal» un «encargo» con la «solicitud de recaudación de cantidades pendientes de ingreso» por parte de Prepay.
Pero es que en ese cargo se incluyó un informe de la jefa de la Unidad de Transportes del Smyt en el que se detallaba el acuerdo que se adoptó el 8 de abril en el consejo de administración de iniciar un proceso de penalidades y de «solicitar a la Tesorería Municipal la práctica de la correspondiente liquidación».
Sin embargo, Tesorería aclara que «no recibió notificación ni traslado de dicho requerimiento» y «el primer encargo se recibió el 7 de agosto, momento a partir del cual se tiene conocimiento de esta situación». Después de esa fecha, «el concejal de Movilidad nos comunica que ha sido el propio Smyt el que ha practicado la liquidación».
Especialmente relevante es otro punto del informe de Tesorería en el que se afirma que «habría resultado deseable que el Smyt hubiera dado traslado de la situación con mucha mayor antelación, lo que habría permitido actuar con antelación» y añade que «en opinión de esta Tesorería el Smyt debería resolver de manera inmediata el contrato con Prepay». Algo que no ha sido capaz de hacer desde febrero.
Los despropósitos no se quedan ahí ya que este periódico ha podido saber que en el momento en el que se firma el contrato con Prepay (el 19 de enero), la firma aragonesa debía ya al Ayuntamiento unos 540.000 euros. La investigación interna encargada por la alcaldesa va a preguntar, entre otras cosas, cómo es posible que en los informes técnicos no se advirtiera esta situación ya que se entiende que la Ley de Contratos impide adjudicar estos servicios a quien tiene deudas (aunque sean no tributarias) con la administración).