Castilla y León ha apostado desde hace muchos años por un nuevo modelo para los cuidados de larga duración bajo el nombre de Atención en Red, que este año se ha implantado en todas las provincias y que se trata de un modelo innovador, incluido en el sistema de Atención a la Dependencia 5.0, que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la tecnología como aliada. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, desgrana los logros alcanzados a lo largo de 2023 en estas políticas de atención en red, así como los retos de futuro que se plantean desde el Gobierno regional.

¿Cuáles son las características del programa de Atención en Red por el que apuesta la Consejería de Familia?

Castilla y León es una Comunidad dispersa. Nosotros tenemos 2.248 municipios y solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, pero es que 2.119 tienen menos de 2.000. Esa es nuestra realidad en una región que es de las más grandes de Europa, con una población muy envejecida con una tasa de envejecimiento del 25,1%. De 2,4 millones de habitantes de la Comunidad, 622.000 tienen más de 65 años y tenemos una población sobreenvejecidas de personas de más de 80 años. En este territorio, con estas características, es donde tenemos que prestar esos servicios y donde hay que desarrollar un modelo de atención que se adapte a sus necesidades. Ese es el modelo de Atención en Red que aúna atender a las personas en sus domicilios, junto con las residencias y el uso de las nuevas tecnologías. Al final es optimizar los recursos.

El modelo de Atención en Red consiste en atender a las personas en sus domicilios a través de prestaciones que ya existían, como la ayuda a domicilio, que hemos reforzado con 11 millones. Y se han puesto en marcha nuevos programas como es A gusto en casa, que incluye el asistente personal y la adaptación del hogar como puede ser eliminación de bañeras, y además toda la introducción de nuevas tecnologías con la teleasistencia avanzada. El gran salto en este servicio es el seguimiento proactivo de la persona. Ese sistema hay que ligarlo al nuevo modelo de atención residencial, para que los dependientes, y sobre todo los muy dependientes, se sientan como en su casa. Un modelo basado en las unidades de convivencia y que luego tienen una serie de servicios comunes en el propio centro. Pero para poner en marcha esto hace falta tiempo, recursos y un cambio de la mentalidad. Y también es muy importante el uso de las nuevas tecnologías, el utilizarlas como herramienta para facilitar esa comunicación y la vida.

¿Disponen ya de cifras del número de beneficiarios que disfrutan de este proyecto innovador?

Disponemos de datos de los diferentes programas, además de los usuarios que hay en residencias. El programa de 'A gusto en casa' son 2.400 ya y se van incrementando. Ahora mismo ya estamos en 639 municipios de todas las provincias desde abril de este año y se van incrementando los usuarios. El objetivo es ir rompiendo esas barreras, ir complementando esos servicios unos con otros, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes y se van adaptando a lo que va demandado cada persona.

¿Entonces se trata de programa a la carta entonces?

Sí, prácticamente. Es el objetivo. En este Gobierno hemos dicho siempre que lo principal son las personas y el adaptarnos a lo que ellos realmente nos piden. Eso es la atención centrada en la persona, en ser capaces de dar lo que ellos nos van demandando dentro de este catálogo que tenemos.

¿En este programa se lleva trabajando mucho tiempo o los cambios surgieron con la pandemia?

El programa 'A gusto en casa' surge de un pilotaje en Ávila financiado hace tiempo ya con fondos europeos y de esos resultados es por lo que se decide ponerlo en marcha. Lo mismo ocurre con las residencias y las unidades de convivencia. Era algo que en Castilla y León ya se venía implantando y sobre lo que se venía trabajando. Ahí surge la pandemia, que fue como un periodo de reflexión, donde vimos lo que funcionaba y lo que no, pero si que es verdad que en esta Comunidad se venía trabajando desde hace mucho tiempo.

Para llegar a 2023, que realmente ha sido el año en el que los servicios se han extendido a toda la Comunidad, para consolidar esa Atención en Red…

Totalmente. Estamos con la ley de residencias que está en las Cortes ya, una ley que además de las unidades de convivencia hace una apuesta muy fuerte por la eliminación de las sujeciones. Hay una apuesta muy fuerte dentro de lo que es la ley por la implantación de un sistema de calidad de los centros de día, residencias, de la inspección... Hemos avanzado mucho en estos años, incluso con la pandemia una de las primeras cosas que nos planteamos fue todo el tema de la digitalización de los datos. El proyecto de esta ley está ahora mismo en las Cortes, esperemos que la tramitación sea rápida y que para febrero o marzo pueda estar aprobada. Lo mismo pasa con el resto de programas que se ha ido poniendo en marcha poco a poco, y hay que ver lo que va funcionando y lo que no para tratar corregir.

A la vez también se han realizado modificaciones en el modelo residencial. ¿Cómo va la adaptación de estos centros?

Había centros que ya se venían adaptando desde antes, tanto públicos como privados. Los fondos europeos supusieron la transformación de todos los centros de la Gerencia de Servicios Sociales con actuaciones diferentes, donde se han podido transformar algunos como los de Burgos y Segovia. Y en otros era necesario construir nuevos edificios porque no era posible su adaptación, como se ha hecho en Salamanca, donde ya está funcionando; en Zamora, donde está iniciada la obra; y en Ávila, que se encuentra en fase de revisión de proyecto y vamos a sacar la licitación en 2024. Estamos realizando importantes inversiones y los cerca de cien millones que recibiremos de los fondos procedentes de la UE del Plan de Resiliencia, nos va a permitir impulsar de forma contundente este cambio de modelo.

¿Y en el caso de los centros residenciales de gestión privada?

El modelo tiene que ser para todos los centros dentro de la posibilidad que tengan para poder adaptarse. Sacamos una línea de 15 millones tanto para las residencias propiedad de los ayuntamientos o entidades públicas como para las privadas para que se vayan adaptando. La línea se ha resuelto en estos días y tienen todo el año que viene para poder ir poniendo en marcha esas obras. Hemos incrementando también la financiación de estos centros a través de las prestaciones vinculadas o a través de la concertación de las plazas, incrementando el precio que se pagaba por las mismas para poder absorber precisamente los costes que se produzcan por el nuevo modelo, que no solo lleva la parte arquitectónica sino también la parte del personal, porque ahora los residentes deben tener siempre los mismos profesionales de referencia y eso va a producir unos costes.

Igual que ocurre en la sanidad, ¿se encuentran con problemas para cubrir todo ese personal?

Tenemos un problema, igual que en sanidad, sobre todo con los profesionales sanitarios (enfermería y médicos), que son problema habituales y recurrentes. Sustituimos cuando se puede sustituir, tanto por parte nuestra como desde los colegios profesionales, las bolsas de empleo o el Inem. Hay situaciones que no se pueden cubrir esas bajas porque es complicado. Las personas mayores están atendidas, siempre está Sacyl detrás para poder prestar esa atención.

Castilla y León es líder en creación de empleo vinculado a la dependencia. ¿Este modelo también favorecerá la creación de puestos de trabajo en la Comunidad?

El sector de la dependencia es uno de los que más empleo genera y que cuesta trabajo encontrar personal, como es el caso de la atención domiciliaria. De los datos que tenemos, por cada 100 personas que tenemos atendidas se generan 64 puestos de trabajo en el territorio. Eso nos ayuda a fijar población, porque claro las personas mayores quieren quedarse en sus domicilios, con lo cual el pueblo sigue vivo, pero además las personas que lo atienden también está allí o están en pueblos próximos, y es un empleo que no se deslocaliza. Estamos potenciando la figura de asistente personal, con colectivos del tercer sector, y hemos puesto en marcha proyectos pilotos en este caso como es el Reto Zamora trabajando con familias de Cuba y Argentina. En total han venido 15 familias a las que hemos formado en origen y venían a España con un contrato de trabajo. Se están adaptando muy bien y trabajando dentro del sector de los cuidados. Entiendo que es una vía que tenemos que explotar porque la población cada vez va a ser más mayor.

Además, tenemos que ser capaces de retrasar la edad de dependencia con los distintos programas de envejecimiento activo. No es lo mismo la persona que se jubila ahora con 65 años que la persona que se jubilaba hace 30 años. Esas personas todavía tienen muchas demandas como la Universidad de la Experiencia o los Viajes del Club de los 60. Hay que retrasar esa edad en las que las personas necesitan esa atención especializada o entrar en una residencia. Es uno de los grandes retos que tenemos. El presidente Mañueco insiste mucho en que hay que poner encima de la mesa medidas para aprovechar el potencial de todas estas personas que siguen siendo activas y darles nuevas oportunidades.

Las bases ya están puestas y consolidadas, ¿pero hay proyectos de futuro para mejorar esa Atención en Red?

Sobre todo tenemos que ir introduciendo todo el tema de las nuevas tecnologías. Gracias a los fondos europeos se han puesto en marcha muchos proyectos piloto con las entidades del tercer sector de la Comunidad. Fuimos la primera Comunidad que decidimos repartir un 20 por ciento con las entidades locales y un diez por ciento con las del tercer sector, para que nos contasen qué proyectos querían presentar en Europa. Nos presentaron proyectos de telerehabilitación, de impresión en 3D… El reto es la modernización que emprendimos hac tiempo, la Atención a la Dependencia 5.0, y poner el uso de las tecnologías al servicio de las personas. Sobre la base que tenemos debemos ir implantando todas estas nuevas tecnologías. Hay que asentar, consolidar y poner en marcha todo esto, que no es fácil.

¿Y los usuarios cómo acogen todos estos cambios?

Los usuarios se van adaptando, hay cosas que les llaman más la atención que otras, pero la valoración es muy positiva. Os sorprendería la capacidad que tienen las personas mayores de irse adaptando a las nuevas circunstancias, en este caso además es para avanzar e innovar. 

¿Hay suficiente financiación para todos estos servicios?

Eso es algo que demandamos siempre. La ley de dependencia establece que la financiación debe ser al 50 por ciento. La Junta, de recursos propios, pone 506 millones mientras que el Estado pone 244. Si pusiera los 260 millones que nos quedan podríamos llegar a más personas y con más intensidad de horarios. Eso es por lo que peleamos permanentemente en todas las conferencias sectoriales, en que se cumpla la ley. Nos sorprende cuando hay 15.000 millones para perdonar la deuda a Cataluña y no hay 266 millones más para cumplir los compromisos de la dependencia. No puede ser. Eso lo hemos reivindicado y lo vamos a seguir reivindicando porque en el fondo es defender los intereses de las personas de Castilla y León. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero que también lo haga el Estado si encuentra 15.000 para Cataluña, para perdonar una deuda, que la vamos a tener que pagar los demás. Pues hay que buscar ese dinero para llegar al 50 por ciento de la financiación porque son servicios que cada vez son más caros y sobre todo en una Comunidad como la nuestra. Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás que tengamos a nuestro alcance para defender los intereses de las personas de la Comunidad, porque cuando pasamos de los grandes números a la realidad, la realidad es esta, que son 260 millones que se invertirían en las personas.

¿Pese a contar con menos financiación, en Castilla y León no existe lista de espera para estos servicios?

En el fondo es apostar. La diferencia entre unas comunidades y otras son las políticas que se plantean desde los diferentes gobiernos autonómicos. Aquí se apuesta por las personas, por llegar a todos. Somos la única Comunidad que año tras año, incluida la pandemia, no tenemos lista de espera para la atención a la dependencia. Y que resolvemos más rápido, porque la ley establece 180 días para resolver los expedientes, nosotros en algo más de cien días ya tenemos el grado pero además, en función de su capacidad económica, los servicios que le corresponden. Eso es la apuesta por políticas diferentes, porque el marco normativo es general para todos. Se opta por atender en todo el territorio, por reforzar las valoraciones a través de los Ceas, por la implantación de nuevas herramientas que faciliten ese trabajo para que esto pueda ser más ágil, y eso en el fondo es decisión política. Mientras nosotros invertimos en las personas y otros invierten en embajadas en el extranjero.