Treinta y cinco millones de euros al mes. Este es, grosso modo, la cuantía que los conductores de Castilla y León se han ahorrado mensualmente a la hora de repostar sus vehículos desde que el pasado 1 de abril entrase en vigor el descuento de 20 céntimos por litro decretado de urgencia por el Gobierno central para hacer frente al terrorífico rally de precios vivido a principios de año. Una cifra que supondrá que los 1,5 millones de conductores que la Dirección General de Tráfico tiene contabilizados en la Comunidad habrán restado a las, ya de por si abultadas cifras que aparecen en los surtidores, una media 200 euros cada uno cuando el próximo 31 de diciembre decaiga la medida. Solo entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el ahorro en carburantes en Castilla y León supera los doscientos millones de euros, a los que hay que añadir, previsiblemente, otros cien durante los tres meses que faltan por cerrarse los resultados.
Las estadísticas que ofrece la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) revelan que durante los seis primeros meses con los 20 céntimos de ahorro en vigor, en la Comunidad se consumieron 162,2 millones de litros de gasolina 95 y cerca de 900 millones de diésel. Una brutal diferencia entre ambas modalidades que también tiene su reflejo en el ahorro estimado: unos 32,5 millones de euros en el caso de la gasolina y de 175 millones para el gasóleo.
Todo ello en un contexto de recuperación del consumo desigual. Mientras que la gasolina 95 no solo ha recuperado, sino que ya supera las cifras de carburantes de antes de la pandemia, el diésel sigue luchando por alcanzar unos números que se le resisten.
¿Y el 1 de enero?
Ahora falta por conocer que ocurrirá con la entrada del nuevo año. Y es que la última prórroga de esta medida fijaba en el 31 de diciembre de 2022 el último día de vigencia. El Gobierno central sigue sin desvelar sus cartas y no termina de confirmar, o desmentir, si se extenderá con la entrada del nuevo ejercicio. Por el momento, los Presupuestos Generales del Estado aprobados esta semana en el Congreso no tenían estipulada ninguna partida específica para ello, como sí para otras incluidas dentro del mismo paquete de ayudas aprobadas en marzo.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, reconocía recientemente que «lo deseable» sería que la bonificación de 20 céntimos de euro al combustible, de prorrogarse, «se restrinja» al ámbito profesional o a determinados colectivos. Una reflexión que viene cobrando fuerza durante las últimas semanas, la de reconvertirlo en una ayuda 'quirúrgica' para sectores o colectivos sociales concretos. Hay que recordar que la bonificación de 20 céntimos tiene un alto impacto fiscal para las arcas del Estado y no discrimina entre rentas bajas y altas.
«En general, el objetivo tiene que ser que centremos las ayudas en las familias más vulnerables, en las personas de clase media, los trabajadores, los autónomos, pero no en aquellas familias que no necesitan este apoyo con los fondos públicos. Por eso vamos a ver si conviene extenderlo o más bien, y yo creo que eso sería lo deseable, lo podemos restringir, por ejemplo, al ámbito profesional y a determinados colectivos», resumió Calviño.
«La rebaja debería ser solo para familias con dificultades»
La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante fue un alivio económico importante para las familias, pero un auténtico quebradero de cabeza para las estaciones de servicio. Sobre todo para aquellas más pequeñas que de la noche a la mañana tuvieron que modificar todo su sistema informático para adaptarlo a la medida. «Lo aceptamos con resignación. Lo que no puede ser es que una norma como esta nos lo implantasen en 30 horas. Fue un disparate», recuerda a este periódico Rafael Pizarro, presidente de la Agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), que afea al Gobierno central que no hubieran hablado con el sector antes de decretar la norma. «Pensábamos que era solo cambiar los precios y se acabó, pero Hacienda luego nos pedía el IVA, y había que cambiar todo el soporte informático», explica Pizarro, que lamenta que eso supuso un coste «del que el Gobierno no ha querido saber nada».
Cuestionado sobre el impacto que el adelanto del descuento que las gasolineras tienen que hacer al Estado para poder cobrar los 20 céntimos por litro descontados, reconoce que en Castilla y León se ha dado «algún caso» en que estaciones han tenido que cerrar por no poder hacer frente. «Estamos al descubierto 45 días», explica, toda vez que tienen que adelantar el descuento completo de cada mes, cuantía que cobran antes del 15 del mes siguiente.
De cara a que ocurrirá cuando el 31 de diciembre concluya la última prórroga de la bonificación, insiste en que «debería ser solo para las familias que tiene dificultades para llegar a fin de mes». «Por no hablar de los vecinos de Francia y Portugal, que se están poniendo las botas», añade para señalar que «estamos sufragando el combustible a gente que no tributa aquí». «En cualquier caso, lo que no es normal es que todavía no sepamos que va a pasar el 1 de enero».