Hartazgo. Esa es la palabra que explica las motivaciones que empujan a una empresa a acudir a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento que se le pague por los trabajos que ha realizado. Sobra decir que después de haberlo intentado con la mejor de las sonrisas, por activa y por pasiva, y de haber comprobado cómo discurrían los meses y los diferentes servicios municipales se pasaban la pelota de uno a otro. Hasta ese punto ha tenido que llegar Construcciones Javier Herrán, a quien el Juzgado de loContencioso ha dado la razón en la reclamación de los intereses de demora por la tardanza municipal en el abono de las facturas correspondientes a las obras de rehabilitación de las cubiertas de los centros cívicos de San Agustín y San Juan, que se ejecutaron entre el 10 de enero de 2022 y el 28 de junio de ese mismo año.

Durante esos meses que duraron las obras, la empresa fue realizando los trabajos, de tal manera que se iban certificando para que el Ayuntamiento pudiera ir abonando cada una de las facturas emitidas. No fue así. Medio año después de que la Gerencia de Servicios Sociales hubiera recepcionado la obra, aún seguía sin satisfacerse la deuda. El 22 de diciembre de 2022 la constructora presentó la reclamación y ya entonces el Consistorio se apresuró en abonar las dos últimas facturas pendientes. Eso sí, se opuso a pagar los intereses de demora. 

El Juzgado no solo ha reconocido el derecho de Javier Herrán a cobrar los intereses, que ascienden a algo más de 12.000 euros, sino que ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas procesales.
El Consistorio se negaba a pagar los intereses pese a haber tardado en abonar alguna factura 278 días más de lo establecido por Ley. Otras certificaciones se ingresaron con 162 días de retraso, con 110, con 83, con 80, con 78... Dicho de otra manera, no fue una demora puntual.

La situación que ha vivido Javier Herrán con estas obras en las que el Ayuntamiento invirtió alrededor de 565.000 euros no es aislada. Otras muchas empresas han pasado por situaciones muy parecidas, si bien son una minoría las que deciden dar el paso de reclamar en los tribunales que se les abonen los intereses legales por el retraso en el pago de los servicios prestados. Eso sí, cada vez son más las que acuden a los tribunales para que impartan justicia.

Es probable que a las empresas les empuje también el hecho de saber que en los últimos años el Ayuntamiento haya tenido decenas de millones de euros en caja (procedentes de los remanentes de tesorería) y haya presumido de los suculentos intereses que le van a abonar las entidades financieras por tener depositado una cantidad tan elevada de dinero. Todo ello, mientras algunos negocios ven cómo pasan los meses sin que se les pague lo que se les debe.

Sobrecoste. En los últimos dos años, aproximadamente, un buen número de inversiones municipales se han encarecido por modificaciones de proyectos que han elevado su coste en un 10%, un 15%, un 20%... En todos estas obras se ha justificado por los diferentes servicios municipales. En el caso de las rehabilitaciones de las cubiertas de los centros cívicos el encarecimiento será de algo más del 2%. Eso sí, no porque se hayan detectado errores o haya subido el coste de los materiales. Por pagar tarde.