Es un debate político recurrente en la última década y el asunto vuelve a estar sobre la mesa con el cambio de guardia en el Ayuntamiento de Burgos. El Ejecutivo estudia cómo articular definitivamente el mantenimiento de las zonas privadas de uso público para zanjar de una vez por todas un problema complejo. 

La cuestión parecía encarrilada desde la pasada primavera. El entonces alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa (PSOE), avanzó en marzo que la administración local sufragaría los gastos derivados de la limpieza urbana, de la conservación del alumbrado y del mantenimiento del mobiliario urbano, así como de los espacios ajardinados. Del mismo modo, aclaró que el Ayuntamiento nunca se haría cargo de los gastos derivados de la impermeabilización o de los elementos estructurales que den soporte tanto al pavimento como a otras edificaciones.

Estas competencias se asimilarían de «manera ordenada» a través de un plan de actuación que tomaría el relevo a los convenios suscritos hasta entonces con los vecinos. Sobre el papel la idea debía convencer a todas las partes y zanjar una situación instalada en la controversia. Ahora, la modificación provisional del PGOU pretendía resolver el asunto y atender a una histórica reivindicación vecinal después de numerosos vaivenes.

Sin embargo, el bipartito formado por PP y Vox dará una vuelta de tuerca a este plan para atar todos los detalles técnicos de la propuesta y sus posibles implicaciones jurídicas. Urbanismo no quiere sorpresas ni cabos sueltos y se ha fijado como objetivo prioritario «definir de forma muy clara» sus competencias en un asunto «delicado» para los vecinos. «Todo lo demás son brindis al sol», aclara Juan Manuel Manso, concejal de esta área.

Los técnicos municipales debaten en este momento esta cuestión. Mientras tanto, Manso descarta que la solución pase por redactar un reglamento propio y el bipartito se centrará en incluir próximamente en la mencionada modificación del PGOU los detalles acordados para que no haya dudas ni reinterpretaciones. «Hay que tomar la decisión de qué se mantiene y cómo», plantea el edil de Urbanismo. 

El Ejecutivo subraya que tiene entre manos «un tema complicado de resolver» y con muchas aristas. «Hay un problema porque la intervención en zonas privadas de uso público no es tan sencilla como decir que el Ayuntamiento actuará en todas ellas sin haber definido hasta dónde nos podemos hacer cargo», insiste el concejal.

Si bien se asume la responsabilidad del Ayuntamiento en la conservación «ordinaria» de estos espacios -básicamente, la limpieza y el orden-, el debate interno va mucho más allá porque «surgen muchas dudas» en el camino.

Casi una década después. El asunto viene de lejos, muy lejos, y a día de hoy aún supone un quebradero de cabeza para la administración local. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana de 2014 sacó a la luz más de 200 espacios privados de uso público que ocupan una superficie total de 300.587 metros cuadrados, zonas que siguen a la espera de respuestas firmes que eviten esta controversia.

Ya en 2015 el Procurador del Común hizo una serie de sugerencias sobre la regulación y gestión de estos espacios a raíz de la queja presentada por una asociación vecinal de San Juan de los Lagos.

Entonces, el Ayuntamiento liderado por Javier Lacalle alegó que el artículo 131 del Plan General ya contempla esta cuestión y se limitó a aportar el 35% de la obra prevista. Este tipo de convenio se repitió en Cicasa-Beyre, Padre Silverio o Subida de San Miguel.

Ya en 2018 el PSOE pidió que se estableciera una ordenanza específica y el equipo de Gobierno aceptó el guante en el Pleno celebrado en diciembre de ese año, aunque aquella declaración de intenciones se enfrió en su momento porque no se tenía un estudio detallado del coste total de las intervenciones. Hubo que esperar a 2020 para definir que el desembolso tendría una inversión mínima de 30 millones de euros para alcanzar, incluso, los 90 millones tomando como referencia que el coste del arreglo por metro cuadrado oscila entre los 50 y los 150 euros según las calidades.

El tiempo no sirvió para dar forma a esta cuestión, hasta que llegó el mencionado impulso realizado por el PSOE la pasada primavera. Sin embargo, el debate técnico sigue abierto y aún queda un largo camino administrativo por recorrer antes de dar el paso definitivo.