La devolución de parte de la paga extra de Navidad de 2012 a los empleados públicos puede convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno. La Comunidad comenzó la semana pasada las negociaciones con los sindicatos para buscar fórmulas que permitan reintegrar una parte del suelo que se quitó hace un año por mandato estatal y ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, amenazó con llevar al Constitucional a las autonomías que procedan al pago antes de que este tribunal se pronuncie sobre los recursos planteados en esta materia. 

 

Ante esta decisión, la primera reacción de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, fue calificar las declaraciones de uno de los máximos responsables del Ministerio de Hacienda como «precipitadas». Si bien, acto seguido apuntó que pedirá al Gobierno que asuma los sobrecostes que se deriven de nuevas sentencias contrarias que obligan a la devolución de parte de esa paga extra, con los correspondientes intereses de demora, y además condenan en costas a la Junta.

 

El pago de esa parte de la extra supondría unos 50 millones de euros a los que habría que añadir otros 13 millones en costas e intereses si las sentencias que faltan llevan la misma línea de las que ya han salido.

«Me parece bien que el señor Beteta recurra lo que pueda, que no sé qué es, pero nosotros vamos a reclamarle al gobierno que nos pague estos gastos que va a tener que pagar la comunidad por un acto que exclusiva responsabilidad del Gobierno de España», apuntó Pilar del Olmo ante preguntas de los periodistas nada más conocer las declaraciones del secretario de Estado. 

 

La titular de Hacienda recordó que se han emitido sentencias que han ido saliendo a lo largo del último mes, que obligan a la Junta de Castilla y León al abono de la parte proporcional de la extra (lo devengado desde el 1 de junio hasta que entró en vigor el real decreto ley, el día 13 de julio, del Gobierno de España), y además condenan a la Administración autonómica a abonar las costas y los intereses de demora.

«Que me dé alguien la instrucción de que no se tiene que cumplir la sentencia», apuntó la consejera, quien añadió: «Estamos en un Estado de Derecho y evidentemente entiendo que tienen que ser cumplidas. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a cumplir porque creemos que hay que cumplirlas».

 

Del Olmo también se cuestionó «qué hará el señor Beteta» con las entidades locales que ya han anunciado que pagarán la extra y no sólo los 44 días pendientes, incluso su cuantía íntegra, porque «no va a recurrir sólo a las autonomías». 

 

En este sentido, recordó que están negociando con los sindicatos que representan a los empleados públicos la «manera más fácil para todos de cumplir estas sentencias sin que nos cueste tanto». «Si llegáramos a un acuerdo que de momento no hemos alcanzado, nos evitaríamos el pago de costas y el pago de intereses. Yo creo que esto es lo más importante», resumió.

 

Los sindicatos mostraron también su total desacuerdo con las declaraciones del secretario de Estado. CSIF las calificó de «irresponsables», UGT las consideró «obscenas» y CCOO las achacó al nerviosismo ante futuras sentencias.