La Universidad de Burgos ya tiene cerrada la Oferta de Empleo Público de este año, que se diferencia de la del pasado en el volumen de plazas permanentes o fijas de Personal Docente e Investigador (PDI) que conformarán la convocatoria. Dos son las circunstancias a las que el vicerrectorado competente atribuye esta situación. La primera está relacionada directamente con la tasa de reposición, vinculada al número de jubilaciones o salidas de profesores, mientras que la segunda se asocia a una reducción de la cifra de cátedras, que no computan en esa ratio al considerarse puestos de promoción interna.
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la institución académica convocará un total de 42 vacantes, frente a las 49 del ejercicio 2023, de las cuales 29 corresponderán a la categoría de titular o de profesor permanente laboral (cinco menos) y ocho a la de catedrático, a las que se añadirán otras cinco que por ley deben destinarse a investigadores de excelencia (acreditación I3) aunque no se presenten candidatos.
Para estas dos últimas modalidades, la UBU dispone de hasta tres años para lanzar el proceso. De hecho, el vicerrector de Personal Docente e Investigador, José María Cámara Nebreda, reconoce que aún hay puestos pendientes de anteriores ofertas públicas en ambas modalidades, si bien se han perdido los más antiguos dirigidos a científicos reconocidos. No obstante, confía en que esta situación se revierta debido a «que ya contamos en el campus con profesionales que cumplen con ese requisito».
El Rectorado ha solicitado a la Junta de Castilla y León la pertinente autorización para la financiación de estas nuevas plazas de profesorado, al igual que ha insistido de nuevo en conseguir el apoyo de la Consejería de Educación para sacar adelante un plan de estabilización de docentes asociados con acreditación a permanentes, cuya posibilidad recoge la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tras haber recibido una primera negativa en diciembre argumentando falta de recursos económicos asociados a esta norma.
«La nueva regulación recoge que estos puestos no ocupan tasa de reposición», subraya el responsable académico, quien valor de forma positiva este procedimiento por cuanto permite reducir la tasa elevada de temporalidad del profesorado de la UBU, que hace dos años se situaba en el 45%, además de suponer una vía de acceso a la docencia para profesionales de reconocido prestigio que cuenten con una trayectoria de al menos cinco años en la UBU. En este caso, se añade la circunstancia de que varias de las seis vacantes incluidas, que corresponden al número de candidatos presentados, coinciden con áreas de conocimiento de difícil cobertura por la falta de aspirantes, como informática o anatomía.
La Oferta de Empleo Público se aprobará, previsiblemente, en el Consejo de Gobierno que se celebra este martes. Para ese día, se espera contar con el visto regional, aunque en caso de no que llegue se acordará «de manera condicionada» con la intención de publicar los concursos en junio. De forma paralela, el vicerrectorado trabaja ya en la elaboración del mayor procedimiento de contratación de asociados que se lanzará en julio de cara al próximo curso.