En su recurso en el Tribunal Supremo a las sentencias de dos jueces que declaran ilegal el cobro de la tasa de ocupación de vía pública en suelo privado, el Ayuntamiento de Burgos lamenta que, más allá «de las circunstancias concretas de este caso, el razonamiento del órgano judicial para anular las liquidaciones impugnadas realiza una interpretación extrapolable a la totalidad de hechos imponibles en que la titularidad del terreno en que se asienta una vía pública es privada». Por ejemplo, las terrazas, andamios, contenedores de obra, etc.

De ahí la preocupación del Consistorio. No son pocas las zonas privadas de uso público que hay en Burgos. Más de 200 según el último censo. De manera, que si el Supremo confirma estas sentencias y genera jurisprudencia contraria a gravar el aprovechamiento de zonas privadas de uso público el agujero en la Hacienda municipal puede ser enorme. Primero, porque tendría que dejar de girar esa tasa a numerosos ciudadanos. Y, segundo, porque se enfrenta a cientos de reclamaciones que pueden retrotraerse hasta un plazo de 4 años. 

Fue el Plan General de Ordenación Urbana de 2014 el que sacó a la luz más de 200 espacios privados de uso público que ocupan una superficie total de 300.587 metros cuadrados.

Sobre estas zonas sigue viva otra polémica, la del mantenimiento por parte del Ayuntamiento. Daniel de la Rosa (PSOE) avanzó en marzo que la administración local sufragaría los gastos derivados de la limpieza urbana, de la conservación del alumbrado y del mantenimiento del mobiliario urbano, así como de los espacios ajardinados.

Pero el bipartito formado por PP y Vox dará una vuelta de tuerca a este plan para atar todos los detalles técnicos de la propuesta y sus posibles implicaciones jurídicas. Urbanismo no quiere sorpresas ni cabos sueltos y se ha fijado como objetivo prioritario «definir de forma muy clara» sus competencias en un asunto «delicado» para los vecinos.